«Lo tengo que reconocer como vicepresidente del Gobierno español: no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña están uno en la cárcel y el otro en Bruselas«. Pablo Iglesias.
No es que me sorprenda que Iglesias haga esas declaraciones en calidad de vicepresidente del Gobierno de España y Sánchez, que lo nombró, calle como un vulgar cómplice que es.
No es que me sorprenda que los ministros socialistas que han hablado al respecto hayan enmarcado las declaraciones del vicepresidente del Gobierno de España en el proceso de “una campaña electoral”.
Nada de esto me sorprende porque esas declaraciones forman parte de la estrategia y la táctica que se aplica desde la Presidencia del Gobierno de España y desde el PSOE. La estrategia persigue empequeñecer la Nación de ciudadanos libres e iguales y demoler el sistema del 78. La táctica consiste en ir desprestigiando las instituciones, a sus representantes y a la propia democracia. Transitar del estado de Derecho que impera en España desde que recuperamos la democracia al modelo totalitario al que aspira este gobierno – una auténtica anomalía en la Europa democrática- requiere un plan diseñado y aplicado al milímetro. Cuando la involución se hace de forma “pacífica”, no se puede improvisar, se requiere disciplina militar y absoluta falta de escrúpulos.
La táctica para conseguir el objetivo se va aplicando de forma alternativa por los ministros socialistas y/o comunistas, según el guión dictado por el goebbels de la Moncloa. Cada cual tiene su papel en este proceso involucionista. Hay Ministros que aparentan ser defensores del constitucionalismo clásico y le reprochan amablemente al Vicepresidente sus “salidas de tono”, como si se tratara de un niño revoltoso suyos actos apenas si tienen consecuencias más allá de alterar momentáneamente el horario de estudio o los juegos del recreo, como si el niño revoltoso no fuera el subdirector del colegio.
Esos ministros “de orden” son los encargados de ir trasladando al BOE las soflamas mitineras del Vicepresidente, son redactan las leyes para que realmente parezca que España tiene alguna asignatura pendiente con la democracia; son esos ministros del cupo PSOE del Gobierno social comunista bolivariano quienes redactan el nuevo Código Penal para rebajar la categoría de los delitos que llevaron a la cárcel a los golpistas, quienes redactan las resoluciones para amnistiar de tapadillo a los condenados por golpismo y para excluir del Código Penal los delitos de injurias contra las víctimas del terrorismo. Son esos ministros del cupo PSOE, los que en el reparto de tareas aparentan ser “de orden”, quienes hacen leyes para que en las escuelas de toda España se adoctrine en el odio y en la mentira; son esos ministros “de orden” quienes reforman el Código Penal para que dejen de ser punibles las injurias a la Jefatura del Estado o a los símbolos constitucionales. Son esos ministros cuota sanchista, con el de Justicia a la cabeza, quienes afirman que España está inmersa en un proceso constituyente, proceso que sería propio de un país que transita de una dictadura a una democracia.
Lo que resulta una anomalía en Europa no es la democracia española que nace de la Constitución del 78, una de las más avanzadas del mundo; lo que resulta una anomalía democrática es que España tenga un gobierno integrado por partidos políticos que defienden regímenes totalitarios e ideologías políticas que la UE “condena en los términos más enérgicos los actos de agresión, los crímenes contra la humanidad y las violaciones masivas de los derechos humanos perpetrados por los regímenes comunistas, nazis y otros sistemas totalitarios”.
Lo que es una anomalía democrática es que el Presidente del Gobierno de España haya elegido como socios de Gobierno a los comunistas y bolivarianos que defienden los sistemas criminales y totalitarios del pasado y del presente y que promueven ese modelo para España.
Lo que resulta una anomalía democrática es que el Presidente del Gobierno, secretario general de un partido miembro de la Internacional Socialista, haya elegido como socios de apoyo al Gobierno a los defensores de ETA, de su historia y de sus crímenes. Lo que es una anomalía democrática es que el PSOE haya decidido blanquear la historia de terror de ETA para poder pactar con ellos como si fueran un agente político más y no los enemigos jurados –y sangrientos- de la democracia.
Lo que es una anomalía democrática es que el Gobierno de Sánchez consienta que los golpistas condenados en firme salgan de la cárcel para hacer mítines durante una campaña electoral, transmitiendo a la sociedad la imagen de que son uno más en la escena democrática y que no están en la cárcel por ser unos delincuentes sino por defender unas ideas. Una imagen imposible de ver en ningún país de nuestro entorno, y no porque no hubieran sido condenados por sus delitos sino porque jamás les hubieran permitido salir de la cárcel y mezclarse con los demócratas en un proceso electoral democrático.
Lo que es una anomalía democrática es que el Gobierno de una país democrático, véase España, esté gestionando una amnistía encubierta para unos delincuentes condenados por sedición y prevaricación, delitos que cometieron desde las instituciones, a las que utilizaron para pervertir el orden constitucional.
Lo que es una anomalía democrática es que quienes declaran que volverán a cometer los delitos por los que han sido condenados, nada menos que un golpe contra la democracia, sean los socios en los que Sánchez se apoya para seguir viviendo en el Palacio de la Moncloa.
Conclusión: el Gobierno de España es una anomalía democrática que con sus actos y alianzas ha pervertido su legitimidad de origen.
