El partido de Abascal considera que el Gobierno busca el control gubernamental del alto tribunal y del CGPJ y permitir que se «atente» contra la unidad de España
Vox ha urgido este viernes al Tribunal Constitucional (TC) y a la mesa del Senado para que se suspenda la tramitación parlamentaria en la Cámara alta de la proposición de ley de reforma del Código Penal y evitar lo que ha denominado «golpe institucional» del Gobierno y los «perjuicios irreparables que se producirían» de continuar con ella.
Las dos iniciativas presentadas por el partido liderado por Santiago Abascal se refieren a la tramitación parlamentaria de la renovación del TC, la derogación del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación.
El recurso presentado al alto tribunal busca frenar la tramitación de la iniciativa legislativa que modifica el Código Penal mientras se resuelve el recurso de amparo.
A juicio de Vox, de continuarse con el trámite el acuerdo al que se llegue en el Senado será nulo.
Existe, según han sostenido en una nota de prensa, fraude de ley al emplear un procedimiento legislativo inadecuado, el de proposición de ley orgánica en lugar de proyecto de ley orgánica, «con la exclusiva finalidad de eludir el debate parlamentario y la intervención de todas las fuerzas políticas representadas».
En cuanto a la renovación de Constitucional, Vox considera que el Gobierno busca el control gubernamental tanto del alto tribunal como del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y advierte de que la «finalidad del desmontaje de los elementos que dotan de control y equilibrio» a la democracia es permitir que se «atente» contra la unidad de España.
Por su parte, el escrito presentado a la mesa del Senado solicita la «inmediata» suspensión de la tramitación de la iniciativa al considerar que, al igual que el pasado jueves en el Congreso, se utiliza un procedimiento legislativo inadecuado que restringe las facultades de participación en la cámara de los senadores de la formación.
Denuncian además que en el caso de las enmiendas 61 y 62 -referidas al Poder Judicial- se ha procedido a su admisión sin que se haya requerido informe por parte del CGPJ, del Constitucional y del secretario general o letrado de Cortes, como había reclamado Vox.
Fuente: EFE
