Las formaciones aseguran que buscan «formar un Gobierno autonómico estable, sólido y fuerte» basado en los intereses de los ciudadanos
El candidato del PP Alfonso Fernández Mañueco será investido de nuevo como presidente de la Junta de Castilla y León el próximo lunes en el Parlamento autonómico con el apoyo de los 31 escaños de su partido y los 13 de Vox, tras detallar este martes el acuerdo entre ambas formaciones, que incluye tramitar antes de agosto la ley de violencia intrafamiliar que coexistirá con la vigente contra la violencia de género.
El trámite de la investidura ha quedado desbloqueado este martes inextremis, cuando minutos antes de que el Registro de las Cortes cerrara el presidente del Legislativo, Carlos Pollán (Vox), ha registrado la convocatoria de la Mesa y la Junta de Portavoces para el jueves, lo que permitirá programar el pleno de investidura para el lunes, 11 de abril, ya en plena Semana Santa.
Así lo han confirmado fuentes parlamentarias, después de una mañana en la que los grupos parlamentarios han estado pendientes de si finalmente la investidura podía celebrarse o no antes de Semana Santa, en una situación que se prolongaba ya desde el pasado 10 de marzo, cuando quedaron constituidas las Cortes y el PP y Vox firmaron un acuerdo general que parecía encaminar la legislatura, pero que ha quedado frenado en las últimas semanas por las discrepancias entre ambos partidos.
Violencia intrafamiliar
Una de las claves de esta demora ha sido el tratamiento y los plazos para la tramitación de la futura ley autonómica contra la violencia intrafamiliar, que iniciará su camino legislativo antes del próximo mes de agosto, según el acuerdo alcanzado este martes por el PP y Vox.
A través de un comunicado, ambos partidos han explicado los términos de su acuerdo, incluidas las competencias que asumirá desde la Vicepresidencia de la Junta Juan García-Gallardo (Vox), con el que dan por cerrado definitivamente el tira y afloja previo a la investidura.
Además de ese compromiso sobre la violencia intrafamiliar, que desarrolla el punto 10 del acuerdo suscrito por Mañueco y García-Gallardo el pasado 10 de marzo, ambos partidos han detallado que otro de los epígrafes en los que Vox demandaba más concreción, referido a la memoria histórica, se resuelve con el plazo del 30 de junio para tramitar una normativa «en materia de concordia».
Sobre este asunto, el acuerdo general de legislatura plantea en su punto 3 lo siguiente: «Reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles«, aunque la demanda inicial de Vox había sido la derogación del vigente Decreto de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León.
Funciones del vicepresidente
Otro de los flecos que quedaban en la negociación era el papel institucional del futuro vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), después de que hace unos días este partido propusiera el nombramiento de sus tres consejeros de Agricultura –Gerardo Dueñas-, Cultura -Gonzalo Santonja- e Industria y Empleo -Mariano Veganzones-.
En el caso de García-Gallardo, el acuerdo anunciado detalla que asumirá la Presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno y de la Comisión de Simplificación Administrativa, que en la pasada legislatura tenía atribuidas el consejero de Economía y Hacienda y actual portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, por lo que finalmente el dirigente de Vox no asume el control sobre la Comisión de Secretarios Generales sino que estará presente a través de alguien de su confianza en ese eslabón clave en la tramitación de asuntos en el Consejo de Gobierno.
La Comisión Delegada del Gobierno incluye la decisión sobre procedimientos ambientales vinculados con la puesta en marcha de negocios, según detalla el comunicado de ambos partidos, que además sitúan a García-Gallardo como suplente en el Comité de las Regiones y como Comisionado de las Víctimas del Terrorismo.
También asume García-Gallardo la representación institucional de las relaciones de la Junta con el Consejo Consultivo de Castilla y León y el Procurador del Común, así como con las fundaciones, asociaciones y colegios profesionales.
El PP y Vox han asegurado que sus conversaciones de las últimas semanas buscan «formar un Gobierno autonómico estable, sólido y fuerte pensando en los intereses de las personas de Castilla y León y de España».
Para conseguir tal objetivo, los nuevos socios de gobierno han establecido los mecanismos de evaluación del cumplimiento de su pacto, como diferentes comisiones de seguimiento del programa de gobierno y para la elaboración y autorización, seguimiento y evaluación de planificación de campañas de publicidad institucional, con la participación de la Vicepresidencia, tal y como ya ocurría en la anterior legislatura entre representantes del PP y de Ciudadanos.
Fuente: EFE
