lunes, abril 15, 2024
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Tres asociaciones de jueces piden al CGPJ que recurra al TC la reforma ‘exprés’ que limita sus funciones

Podría presentar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional o acudir a las instancias europeas

Tres de las cuatro asociaciones judiciales han instado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que «ejerza las acciones a su alcance» para defender sus competencias después de que el Senado haya aprobado definitivamente la proposición de ley que impide que el órgano de gobierno de los jueces puedan hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial cuando haya expirado su mandato.

Fuentes de las asociaciones judiciales han explicado a Europa Press que el CGPJ podría presentar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC), instar al Defensor del Pueblo o incluso a las formaciones políticas a que presenten un recurso ante el TC o acudir a instancias europeas.

En un comunicado emitido este jueves, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han rechazado la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el PSOE y Unidas Podemos aprobada en las Cortes «sin escuchar a nadie y por vía de urgencia para impedir que el CGPJ pueda ejercer plenamente sus competencias constitucionales».

El CGPJ como un «simple órgano de gestión»

«Ya se ha conseguido lo que se pretendía: reducir al CGPJ a un simple órgano de gestión, asimilado a una simple dirección general, y manteniendo, eso sí, la inspección y el régimen disciplinario. Lo que era el palo y la zanahoria se queda sólo en el palo», subraya el comunicado.

Según las asociaciones, con esta reforma, que «priva» al CGPJ de sus «funciones principales y, de paso, impidiendo que pueda desarrollar su labor con normalidad y al margen de la política», las formaciones políticas «trasladan las consecuencias de su incompetencia» tras no conseguir a lo largo de más de dos años el mandato constitucional de renovar el órgano de gobierno de los jueces.

También, en su opinión, la reforma de las funciones del CGPJ es resultado de la «incapacidad» de las formaciones políticas para reformar la LOPJ para que sean los jueces y magistrados quienes elijan «democráticamente» a 12 de los 20 miembros del órgano de gobierno de los jueces.

De hecho, insisten en que «nada de esto hubiera sucedido» si los vocales de origen judicial del CGPJ fueran elegido directamente por los jueces, tal y como reclaman las asociaciones firmantes, y según recomiendan el Comité de Ministros de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) o la Comisión de Venecia.

Por ello, las tres asociaciones instan al CGPJ que «a la mayor brevedad, adopte las medidas oportunas y ejerza las acciones a su alcance en defensa de sus competencias y, por tanto, en defensa de la Constitución».

«Otro paso más para la parálisis del poder judicial»

El portavoz de la AJFV, Jorge Fernández Vaquero, ha afirmado que lo que se aprobó este miércoles en el Senado es «otro paso más dentro de este proceso de parálisis inducida en el Poder Judicial en el que están empeñados nuestros políticos», ya que el CGPJ lleva en funciones desde el 4 de diciembre de 2018.

Así, considera que «lejos de buscar soluciones, que además las están indicando las instituciones europeas, a esta anomalía constitucional», la formaciones políticas se han centrado en «aprobar reformar cortoplacistas que buscan solo el interés partidista de este momento particular».

Por ello, Fernández Vaquero critica la reforma legal recientemente aprobada porque entiende que va a ocasionar «grandes problemas» a los ciudadanos que «van a ver cómo hay determinados asuntos que no terminan de resolverse en ultima instancia porque no se ponen de acuerdo entre el PP y PSOE».

Además, el portavoz de los ‘vitorinos’ cree que «lamentablemente esto no parece que sea el último paso de este camino de destrucción consciente de nuestros políticos», por lo que advierte que las asociaciones judiciales estarán «atentas» para tratar de «remediar» cualquier acción que pueda perjudicar a la Justicia.

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