Fue anteayer en la clausura de la Asamblea anual del Instituto de la Empresa Familiar, cuando el ministro Escrivá, volvió a demostrar la fobia contra la empresa que inunda el ADN de nuestro Gobierno.
Violentando las normas de urbanidad y sobre todo la distribución de competencias del Gobierno, José Luis Escrivá lanzó un dardo amenazante contra el tratamiento fiscal dado a los partícipes de empresas familiares en los impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones. No era el lugar, pues acudía como invitado a un acto protocolario. Tampoco es él quien dispone de las competencias que corresponden a la ministra de Hacienda. Pero, sobre todo, no es razonable lo que vino a anunciar. La mera posibilidad de aumentar la carga tributaria a los partícipes de unas empresas, por lo general pymes, que tienen un origen y un arraigo familiar, que sobreviven y se desarrollan con el esfuerzo conjunto, continuado y heroico de empresarios dispuestos a superar el difícil reto que supone lograr que una empresa nacida en el seno de una familia sobreviva al cambio generacional, es un dato preocupante para la economía española.
Es preocupante porque las empresas familiares son una parte esencial del tejido empresarial español. Es preocupante porque contribuyen de manera relevante al Producto Interior Bruto del país. Y, de manera muy especial, es preocupante porque este tipo de empresas son una fuente significativa de creación de puestos de trabajo. De manera que amenazar al futuro de la empresa familiar supone disparar contra el tejido empresarial, contra el crecimiento económico y contra el empleo. Escrivá sabrá por qué lo hace.
No obstante, es significativo considerar que el ministro enmarcó la amenaza en la dirección recomendada por los expertos de la ministra de Hacienda de reducir o eliminar los llamados beneficios fiscales existentes en nuestro sistema tributario. En realidad, se trata pura y llanamente de aumentar la exigencia fiscal a los españoles, pues si de verdad se persiguiera solo aumentar la neutralidad del sistema, el efecto recaudatorio de la reducción de exenciones y deducciones debiera compensarse con una reducción de los actuales tipos impositivos. No hay tal. Los expertos recomendaron reducir o eliminar los incentivos fiscales y al tiempo mantener los tipos de gravamen. Ergo, incrementar la carga tributaria a las empresas -en el Impuesto sobre Sociedades- y a los individuos -en el IRPF-.
Insistiendo en lo apuntado anteriormente, sorprende la incursión de Escrivá en aquello que no le compete. Pero es ya recurrente que este ministro desborde el ámbito de sus competencias para invadir las de su colega Montero. Es obligado recordar que hace unos meses, salió en defensa de la esotérica propuesta de Ximo Puig consistente en crear un nuevo impuesto que se exigiera exclusivamente a los residentes en Madrid por el mero hecho de su residencia. Escrivá manifestó entonces que se trataba de una propuesta “que tenía recorrido”. Afortunadamente, y en contra de dicha manifestación, la estrambótica e injustificable idea aún no ha recorrido camino alguno, sin que ello prejuzgue que el Gobierno pueda estar barajándola (“cosas veredes, Sancho”).
En cualquier caso, la amenaza escupida ayer por un ministro del Gobierno viene a confirmar que éste está decidido a seguir incrementando el ataque fiscal a los españoles. El ritmo de las futuras agresiones vendrá condicionado por varias y diversas circunstancias -entre ellas, el calendario electoral-, pero la voluntad del gabinete de Sánchez es firme: más dinero para el Estado y menos para los individuos. En definitiva: más Estado y menos libertad.
