Si se sube el salario mínimo, se colocaría una barrera a la contratación de jóvenes y la hostelería y el sector agrario quedarían seriamente afectadas
Cualquier conocedor de los cimentos más básicos de la Economía sabe que, para todo bien o servicio, precio y cantidad demandada se mueven en sentido contrario. A menos precio, se demanda y se consume más; cuanto mayor sea aquél, menor será la cantidad demandada y consumida. De esta regla no se escapa el mercado laboral, en el que los salarios -precio- y el volumen de empleo -cantidad- también fluctúan en sentido inverso. De ahí la trascendencia de lo que se regule sobre el salario mínimo interprofesional.
Enlazando con lo expuesto, son dos los riesgos a evitar. Primero, el establecimiento de un SMI extremadamente bajo que evidentemente minimizaría el efecto nocivo sobre la creación de empleo, pero no lograría el objetivo social de proporcionar a su perceptor una retribución digna. Como supuesto naif, expresemos que con la esclavitud no existía paro. Segundo riesgo, la fijación de un SMI extremadamente alto que, sin duda, otorgaría un salario confortable al trabajador, pero afectaría negativamente al volumen de empleo. En definitiva, la determinación del SMI es un paradigma de decisión en la que el sentido del equilibrio resulta un factor clave para el éxito.
En los últimos años, el SMI ha aumentado significativamente. Recordemos que en 2.016 era 655 € mensuales y actualmente es 950 € (13.300 €/año), lo que supone un aumento de casi el 50% en cinco años sin apenas inflación. Según un informe reciente del Banco de España, esta escalada alcista ha supuesto la pérdida (o la no creación) de decenas de miles puestos de trabajo.
Es en el escenario descrito en el que se inserta la actual negociación sobre una posible nueva subida del SMI. Todo indica que el Gobierno, agobiado por los negativos presagios que le otorgan las encuestas electorales, está dispuesto a imponer una nueva subida que, de ceder ante la presión combinada de Podemos y los sindicatos, incluso podría acercar el SMI a 1.000 €/mes (14.000 €/año). De hacerse así, el coste/empresa/año sería próximo a 20.000 € y, con ello, se colocaría un dique o barrera a la contratación de jóvenes sin especial capacitación, afectando seriamente a determinadas actividades empresariales.
La primera sería la hostelería que, tremendamente castigada por la crisis pandémica, sufriría así un nuevo revés. También afectaría muy negativamente al sector agrario, cuyos empresarios verían estrecharse aún más el ya estrecho margen de su negocio. Y, además, una subida impuesta -no pactada- constituiría una auténtica fractura para el diálogo social. De lo expuesto es consciente la vicepresidenta Calviño, que sí sabe de economía. La cuestión estriba en descubrir si tiene el coraje y la fuerza suficientes para oponerse a las veleidades de sus colegas del Consejo de ministros y de las burocracias sindicales.
