La cantante rechazó el pasado 27 de julio el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía de Barcelona para evitar ser juzgada por fraude y decidió ir a juicio
Una jueza de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha acordado enviar a juicio a la cantante Shakira por seis delitos contra la Hacienda Pública, por los que la Fiscalía le pide en total 8 años y 2 meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros.
En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 2 de Esplugues ha resuelto la apertura del juicio oral a la cantante colombiana para que sea juzgada en la Audiencia de Barcelona, acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.
Shakira rechazó el pasado 27 de julio el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía de Barcelona para evitar ser juzgada por fraude fiscal y decidió ir a juicio, argumentando entonces que confía «plenamente» en su inocencia, según la agencia de comunicación de la artista. Dos días después, el 29 de julio, la Fiscalía presentó su escrito de acusación, en el que pide para la cantante 8 años y 2 meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros por seis delitos contra la Hacienda pública.
Como Shakira ha devuelto ya los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros 3 de intereses, la Fiscalía le aplica la atenuante muy cualificada de reparación del daño para reducirle la pena que podría corresponderle por 6 delitos contra la Hacienda pública, cada uno de ellos castigado con penas de hasta 6 años de prisión. La artista colombiana dispone de tiempo para pactar con las acusaciones -que incluyen también a Hacienda y a la Agencia Tributaria catalana, que la atribuyen cada una de ellas 3 delitos contra la Hacienda pública- hasta el momento de sentarse en el banquillo.
Como ninguna de las penas que se le solicitan supera los 2 años de cárcel y la cantante carece de antecedentes, en caso de una eventual condena Shakira podría beneficiarse de una suspensión de la pena y evitar su ingreso en prisión, si así lo acuerda el tribunal. Una vez la juez ha dictado el auto de apertura de juicio oral, en el que remarca que no es procedente adoptar ninguna medida cautelar contra la cantante, Shakira dispone de 10 días para presentar su escrito de defensa.
El pasado mes de mayo, la Audiencia de Barcelona concluyó que había base para enviar a Shakira a juicio, ante los indicios de que residía en España ya en 2012 y, por lo tanto, estaba obligada desde entonces a tributar en este país. De hecho, la Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que la cantante vivía en España «de manera habitual» entre los años 2012 y 2014: primero en Barcelona y después en una vivienda de Esplugues de Llobregat que compró con su expareja Gerard Piqué, a través de una sociedad.
Según el ministerio público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por «motivos profesionales, con una duración muy corta», a excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense The Voice (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).
De esa forma, teniendo en cuenta el concurso estadounidense y otras estancias profesionales en otros lugares, la acusada permaneció en España de forma efectiva 242 días en 2012, 212 en 2013 y 243 en 2014 y sus ausencias del país «deben calificarse de esporádicas» y computarse como permanencia en este país, según la Fiscalía. Al haber residido en España más de 183 días al año, el ministerio público considera que Shakira «era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que fuese la residencia del pagador», tanto respecto al IRPF como al impuesto del patrimonio.
Para evitar tributar en España, según la Fiscalía, Shakira «utilizó un entramado societario», con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio a la Agencia Tributaria española y catalana. El «plan» de la cantante consistía en que sus empresas figuraban formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo constaba «en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales» a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos, según la Fiscalía.
Todas estas sociedades carecieron de medios materiales y personales para realizar actividad alguna y los gastos que generaron fueron «los puramente administrativos», según el ministerio público, que cree que el único fin del entramado era «ocultar a la Hacienda pública las rentas y el patrimonio de la acusada».
Por contra, para la cantante y su equipo este caso «constituye un total atropello» a sus derechos, puesto que ha demostrado siempre «una conducta impecable, como persona y contribuyente, y una plena disposición a solventar cualquier diferencia desde el primer momento, incluso antes del proceso penal», según subrayaron en un comunicado tras no alcanzar un pacto con la Fiscalía.
Shakira lamentó entonces que «jamás» en ningún otro país se ha topado con una «persecución con tal falta de razonabilidad y tan encarnizada» por parte de Hacienda, «ni un uso tan evidente de la presión mediática y reputacional como mecanismo recaudatorio». Según su defensa, el ministerio público ha hecho un «ejercicio mínimo» de intentar mostrar su permanencia en España durante «ciertos días, pero ni de lejos lo que exige la ley para considerarse residente».
Fuente: EFE
