Las cifras del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado desvelan, ya de manera inequívoca, la absoluta irresponsabilidad del presidente del Gobierno. Es frecuente que muchos politólogos expliquen su condición de ególatra, de killer político sin límites, y de gobernante carente de escrúpulos, pero el contenido de los Presupuestos que Sánchez se propone llevar al Congreso confirma que es el presidente del Gobierno más irresponsable de nuestra Historia democrática. Son muchas las características que apoyan la afirmación anterior, aunque por cuestión de espacio solo podremos referirnos a algunas.
Con carácter general, en el presupuesto se pintan más impuestos, más gasto público y, por lo tanto, más Estado. A los que piensan en izquierda les gustará, a los que nos gusta la libertad, no. Pero, en cualquier caso, si se quiere consolidar una dimensión del Estado superior al 50% del PIB, es una irresponsabilidad seguir ignorando que la gestión de los recursos públicos necesita mejorar su eficacia y su eficiencia. ¿Cuándo se planteará Sánchez abordar un plan que mejore la gestión de los órganos e instituciones del Estado? ¿Cuándo se atreverá a aprobar un plan de lucha contra el fraude en el gasto público? Existen muchos, demasiados, contra el fraude fiscal, pero ninguno contra el fraude cometido por las autoridades y gestores del Estado que utilizan el dinero que se nos detrae mediante impuestos.
Por su parte, el Presupuesto se basa en un cuadro macroeconómico poco creíble, tal y como se deduce de las previsiones económicas elaboradas por el Banco de España. Como ejemplo, este organismo prevé que el PIB crecerá al 1,4% en tanto que, en sus “alegres” predicciones, el Gobierno pronostica que lo hará al 2,1%, diferencia notable -un 50% más- por más que Sánchez haya cometido la frivolidad de referirse a ella como “solo unas décimas”.
A su vez, se constata una excesiva alegría, rayana en la frivolidad, en la fijación de varias partidas de gasto. Así, no es serio aumentar las pensiones en un 8,5% sin haberse elaborado todavía las condiciones para su sostenibilidad. También parece escasamente riguroso el aumento en el gasto que supone la nómina de los empleados públicos sin un previo estudio que determine de una vez cuántos y cuáles son los funcionarios que se necesitan realmente.
Aunque suponga una contumaz reiteración es resaltable que, previéndose en el cuadro macroeconómico la subsistencia de una inflación significativa, el Gobierno reincida en su escandalosa y dolosa decisión de no deflactar el IRPF. De este modo, persiste en su ilegítima obtención de impuestos. En este punto, lo recientemente anunciado para el IRPF por la ministra de Hacienda resulta inadmisible. Que a la mayoría de los trabajadores cuyo sueldo es inferior a 60.000 € no se les aplique ninguna medida paliativa de los efectos de la crisis económica y de la perversa influencia que tiene la inflación en la cuota de impuesto que pagan es difícilmente aceptable. Pero, en especial, que se trate de forma tan lacerantemente injusta a los casi 4 millones de trabajadores cuyo sueldo oscila entre 21.000 € y 30.000 € es socialmente incalificable.
Por último, ya sabemos, porque nos lo han hecho saber los socios parlamentarios de Sánchez, que en el trámite parlamentario el Gobierno pagará las ya habituales coimas a los nacionalistas, independentistas, y herederos políticos del terrorismo que han convertido a aquél en presidente del Gobierno. Ergo, falta aún por conocer la asunción de nuevos gastos en forma de prebendas a los territorios en los que habitan los citados socios y/o las concesiones políticas en forma de nuevos indultos, reformas del Código Penal “a medida” o mejoras en el trato a los terroristas que cumplen condena. Lo dicho, el show de la aprobación de los nuevos Presupuestos de Sánchez será otra representación más de la irresponsabilidad convertida en presidente del Gobierno.
