Las conversaciones terminarán un día antes de que el Gobierno convalide el decreto en el Congreso, tachado por las eléctricas como «intervencionismo terrorífico»
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pone fin este miércoles a los encuentros que viene manteniendo con empresas del sector eléctrico para tratar sobre medidas para bajar los precios de la luz, sobre todo el polémico real decreto ley que recorta los beneficios que obtienen en el mercado las instalaciones que no emplean gas ni usan derechos de CO2.
Los últimos citados a estas reuniones, que comenzaron el pasado jueves con Endesa y que continuaron con EDP y Acciona, son Naturgy e Iberdrola -la empresa cuyo presidente, Ignacio Sánchez Galán, se ha mostrado públicamente en contra de ese real decreto ley, que aunque aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre, tiene que ser convalidado este jueves en el Congreso de los Diputados-.
Una de las compañías que cierra la ronda es Iberdrola, cuyo presidente ha calificado algunas de las medidas del Gobierno de «intervencionismo terrorífico» y ha señalado que la compañía se va a replantear toda su política de inversiones en España, al tiempo que ha advertido de que se pararán parques eólicos porque con la nueva regulación no van a ser rentables.
El margen para que se produzca un cambio antes del jueves es, por tanto, muy corto, ya que las últimas reuniones con empresas del sector eléctrico se celebrarán solo un día antes de la votación en el Congreso. Entre otras medidas, el real decreto ley plantea la minoración temporal (hasta el 31 de marzo de 2022) del exceso de retribución que están obteniendo las centrales de generación eléctrica no emisoras de CO2 en el mercado mayorista gracias a unos costes de gas que no soportan.
Según los cálculos que el ministerio facilitó hace un mes cuando el Consejo de Ministros aprobó esta medida temporal, la rebaja retributiva, proporcional al precio del Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), a los niveles de entonces (los precios no han hecho más que subir en el mes transcurrido), permitirían recuperar unos 2.600 millones hasta el 31 de marzo de 2022, cuando espera que se hayan superado las tensiones en el mercado global de gas.
El real decreto ley establece que tanto los ingresos por las subastas de derechos de emisiones de CO2 como por la minoración del exceso de retribución rebajarán los cargos a repercutir en las tarifas eléctricas, que hasta fin de año serán un 96 % inferior a los actuales, lo que permite rebajar la parte regulada de las facturas de los consumidores en una horquilla que abarca desde el 47,2 % de los hogares hasta el 24,5 % de la gran industria.
En la aplicación de la minoración de ingresos a las empresas, solo se tendrán en cuenta los beneficios por encima de los 20 euros/MWh (precio medio del gas en los últimos años) y solo se las detraerá el 90 % de los ingresos extraordinarios.
Fuentes del sector eléctrico discrepan de las medidas del Gobierno por crear una inseguridad jurídica que se extiende a todo el sector.
La energía que no cobra el precio del mercado
Algunas de estas fuentes han indicado a Efe que el real decreto ley del Gobierno está basado sobre la «suposición falsa» de que toda la energía cobra ese precio marginalista diario (la tecnología más cara marca el precio que cobran todas las demás en el mercado), cuando muchas tecnologías no lo hacen.
Las grandes compañías venden la mayoría de su producción a las comercializadoras de su mismo grupo a precios similares al de los grandes clientes con los que firman contratos, por lo que gran parte de la energía está vendida desde hace dos años y a precios que pueden estar en unos 55 euros, lejos de los actuales del mercado mayorista.
Además, en el caso de la hidráulica, solo cobra el precio del pool la regulada, mientras que el resto, que no hay capacidad de regular (alrededor del 99 %), se vende también de antemano.
En realidad, las tecnologías que cobran el precio del pool, según han indicado a Efe algunas de estas fuentes, son la hidráulica regulable, los ciclos combinados de gas, las plantas de carbón cuando consiguen casar precio y las renovables del Régimen Retributivo Específico de las Renovables, Cogeneración y Residuos (Recore).
Por eso, alguna compañía ha propuesto que a estas últimas, a las que se compensa la diferencia retributiva entre la rentabilidad que tienen garantizada (7,34 %) y el dinero realmente cobrado en un periodo de tres años -actualmente 2020-2022-, se les adelante en un año el ajuste y a cierre de 2021 devuelvan lo que han percibido de más.
El alto precio de la electricidad ya empieza a erosionar a la gran industria y este mismo lunes la acería vasca Sidenor comunicaba que paraba la producción de su planta principal de Basauri (Vizcaya) de forma intermitente hasta Navidades por la subida de la electricidad, de más de un 300 %, en el último año.
Además, ya se está generando un parón en los contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA) a precio fijo, un riesgo difícil de asumir en un contexto de cambios regulatorios, y las grandes comercializadoras están trasladando a grandes clientes que, con la minoración de ingresos, tendrán que revisar sus precios para no entrar en pérdidas.
Fuente: EFE
