Los populares piden que no puedan ser vocales quienes hayan tenido cargos en política en los cinco años anteriores
El Gobierno y el PP no han llegado a la fase de negociar los nombres del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) porque, según apuntan fuentes populares, aún no se ha acordado el documento que fija requisitos para despolitizar la elección de los vocales, en el que queda «una cosa» pendiente de cerrar.
La dirección de Alberto Núñez Feijóo apunta, además, que el pacto sale ya o no saldrá, al tiempo que argumenta que no son muchos los días transcurridos desde que el pasado lunes el líder de la oposición y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pactaron reiniciar las negociaciones con la meta de acabar con cuatro años de bloqueo judicial. El PP ha reconocido en los últimos días avances en la negociación, y fuentes cercanas a Feijóo explican que hay un aspecto del documento de requisitos en el que aún no se han puesto de acuerdo con el Gobierno, sin detallar cuál es este escollo.
En el documento que el PP envió en julio en Moncloa, y que según el principal partido de la oposición el Gobierno no había abierto hasta ahora, se fijaban varios criterios para evitar las puertas giratorias y la existencia de perfiles políticos en el órgano de Gobierno de los jueces. Así, el PP pedía por ejemplo que no hubiese en el cupo de juristas integrantes de la carrera judicial en ejercicio, que los vocales del nuevo CGPJ elijan a su presidente «sin pactos previos ni indicación» o que no puedan ser vocales quienes hayan tenido cargos en política en los cinco años anteriores, una limitación que también piden para la Fiscalía, junto con la posibilidad de recusar al fiscal general.
Feijóo avisó el pasado viernes de que el PP no puede validar que el Ejecutivo nombre sus diez vocales sin cumplir «ningún requisito» y proponiendo por ejemplo a consejeros autonómicos o secretarios de Estado.
En el caso de la reforma para renovar la ley del Poder Judicial, el PP pide un compromiso por escrito y que sea el nuevo CGPJ el que proponga una fórmula concreta, aunque en Génova admiten que el informe que emita este órgano no es vinculante y no obliga al Ejecutivo.
Fuente: EFE.
