El juez ha preguntado a Fiscalía cómo afectan los cambios en el Código Penal a las penas solicitadas para los acusados por esta trama
La reforma que rebaja las penas del delito de malversación, promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha motivado que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón consulte a la Fiscalía si cree que la reforma conduce al archivo o a la modificación de las penas solicitadas para los acusados de los casos Púnica, como el exconsejero Francisco Granados, y el «cártel del fuego».
Al igual que hizo su juez de apoyo, Joaquín Gadea, en el marco de otro caso de corrupción, Acuamed, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha emplazado a la Fiscalía Anticorrupción a que informe sobre los efectos que la rebaja en el delito de malversación puede tener en ambas causas.
Lo hace en cuatro piezas del caso Púnica, una supuesta red de corrupción afincada principalmente en la Comunidad Madrid que cuenta con el exconsejero madrileño Francisco Granados como principal investigado, y en el del «cártel de fuego», en el que está procesado el exconsejero de la Generalitat valenciana y ex delegado del Gobierno Serafín Castellano (PP) por favorecer presuntamente a un empresario en procesos de adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea. Anticorrupción pide para él 21 años de cárcel.
En las providencias dictadas por el juez este mismo jueves, día en que ha entrado en vigor la reforma, el magistrado consulta a la Fiscalía y al resto de acusaciones si, en virtud de la reforma de la malversación, solicitan el archivo de estas causas para algunos de los encausados, o si mantienen sus escritos de acusación. Aunque en los cinco procedimientos ya se ha dictado la apertura de juicio, el juez cree que «concurren circunstancias excepcionales que nos llevan a considerar la posibilidad de revisar la calificación» de las acusaciones.
Entre las piezas en las que el juez ha consultado no se encuentra la de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid, que fue archivada para los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, dado que la Fiscalía todavía no ha presentado su escrito de acusación.
