Se ha rechazado citar al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al considerar su declaración «innecesaria e improcedente», ya que hay que dilucidar «una cuestión meramente técnica»
El Tribunal de Cuentas ha acordado que citará a declarar al expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont en el futuro juicio que celebre en el marco del procedimiento contable que dirige por el supuesto desvío de dinero destinado al proceso independentista de Cataluña de 2017. Es una de las pruebas que ha admitido la consejera Elena Hernáez Salguero en la audiencia preliminar celebrada este viernes en el tribunal, en la que sin embargo ha rechazado citar al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
La defensa de Puigdemont, Gonzalo Boye, había solicitado ambas testificales y había argumentado la necesidad de oír a Montoro por las declaraciones que realizó en sede parlamentaria, donde, según el abogado, «certificó la corrección de las cuentas publicas de la Generalitat». La consejera ha rechazado citar al exministro al considerar su declaración «innecesaria e improcedente» dado que fueron declaraciones políticas y en este procedimiento se trata de dilucidar «una cuestión meramente técnica».
Sí que ha aceptado que declare Puigdemont, pero no por petición de Boye, sino de otra de las partes, dado que en la vía civil un abogado no puede pedir la declaración de su propio cliente, demandado en el procedimiento. Lo que nadie ha especificado es si la declaración será por videoconferencia o de forma presencial.
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El expresidente de la Generalitat, ahora eurodiputado, lleva años fugado en Bélgica y aún no ha sido juzgado por el Tribunal Supremo en la vía penal. Es más, junto a sus exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí, está a la espera de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) resuelva su recurso contra la decisión del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad, después de que el Supremo solicitara el suplicatorio para poder extraditarlos y juzgarlos.
La consejera ha aceptado también otras testificales como la de un antiguo integrante del Comité Ejecutivo del Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) o la entonces interventora de la Administración del Estado. También ha aceptado la solicitud de algunas defensas de reclamar a la Intervención de la Generalitat si una serie de facturas, algunas expedidas por la extinta empresa postal Unipost, están abonadas con el objetivo de acreditar, según los abogados, «la inexistencia de daño».
Durante la audiencia preliminar, la consejera ha rechazado, en sintonía con el criterio de la Fiscalía y del demandante Sociedad Civil Catalana (SCC), la gran mayoría de argumentos de las defensas para suspender el procedimiento contable, que sigue adelante a la espera de saber la fecha del juicio. Otros, como la alegada prescripción, ha anunciado que los resolverá en sentencia.
El abogado de Puigdemont ha invocado sin éxito la inmunidad del expresident y de los exconsejeros catalanes Antoni Comín y Clara Ponsatí como europarlamentarios para intentar suspender el procedimiento, argumento rechazado por el fiscal, SCC y finalmente la consejera.
La Fiscalía eleva a 3,1 millones el montante presuntamente desviado para la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 y la promoción exterior del «procés». Entre los ex altos cargos contra quienes se dirige están también el exvicepresident Oriol Junqueras, otros exconsejeros y el expresidente catalán Artur Mas. En un principio reclamaba 3,4 millones de euros, si bien ha desistido de reclamar la partida de 336.143,44 euros correspondientes a la campaña Civisme, lo que ha conducido al archivo del procedimiento contra quien fuese responsable de Difusión de la Generalitat, Jaume Mestre.
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Fuente: EFE
