Se ha sacado adelante esta nueva medida después de que se concentrasen en una nave miles de jóvenes de manera ilegal
Los partidos de la oposición en Italia rechazaron la primera medida del Gobierno de Giorgia Meloni contra las fiestas ‘raves’, al considerar que es liberticida pues podría aplicarse también a otra serie de concentraciones y manifestaciones, como las protestas estudiantiles en institutos o universidades.
Este lunes, la primera ministra, Giorgia Meloni, y algunos ministros presentaron un decreto ley con las primeras medidas decididas por el nuevo gobierno y, entre ellas, se introducía en el artículo 5 del Código Penal un nuevo tipo de delito sobre «la invasión de terrenos o edificios para reuniones de más de 50 personas que sean peligrosas para el orden público o la seguridad pública o la salud pública». El delito prevé una pena de entre tres y seis años de prisión y multa de entre 1.000 y 10.000 euros para quienes «organicen o promuevan» la reunión.
La medida fue aprobada de urgencia después de que durante el fin de semana miles de jóvenes italianos y de varios países de Europa participaron en una ‘rave’ ilegal ocupando una nave en un terreno agrícola en Modena, centro de Italia. El lunes por la mañana, el ministerio del Interior dio la orden a la policía para que desalojase el lugar y finalmente los organizadores decidieron dar por terminada la fiesta y abandonar la nave ocupada.
Sin embargo, la formulación del delito ha provocado las críticas al Gobierno por parte de todos los partidos de la oposición y dudas de expertos y juristas de que sería demasiado vaga y podría aplicarse también a mítines, manifestaciones, concentraciones, por ejemplo, las protestas estudiantiles o de trabajadores en las fábricas.
Uno de las primeros en plantear dudas, inmediatamente después de la presentación de la nueva medida, fue Andrea Orlando, del Partido Demócrata (PD), que advirtió: «La ley antirave hay que leerla con mucho cuidado. Además de los castigos desproporcionados, puede que no solo se aplique a las raves”, escribió. También intervino el secretario saliente del PD, Enrico Letta, que la calificó de «un gravísimo error» y aseguró que «las raves no tienen nada que ver con una regla similar» y que «es la libertad de los ciudadanos la que se cuestiona» y pidió su retirada.
A las críticas respondió el Ministerio del Interior para aclarar que «la ley anti-rave se refiere a la conducta de invasión arbitraria de grandes grupos que constituya un peligro para la salud y la seguridad pública» y que «no lesiona en modo alguno el derecho de expresión y la libertad de manifestación consagrados en la Constitución y defendidos por las instituciones». El presidente del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, acusó de que esta norma es de «Estado policial».
Sobre la medida también se expresaron organizaciones como Amnistía Internacional Italia que consideró que esta ley «corre el riesgo de tener una aplicación amplia, discrecional y arbitraria en detrimento del derecho a la manifestación pacífica, que debe ser protegido y no criticado”.
«No hay vuelta atrás», escribió en las redes sociales el líder de la gubernamental Liga y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, defendiendo que «la leyes se respetan».
Fuente: EFE
