Las comunidades podrán declarar zonas de mercado residencial tensionado y determinar en ellas una renta máxima
La proposición de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda que este jueves registrarán en el Congreso Unidas Podemos y otros ocho partidos de izquierdas propone sanciones de hasta 900.000 euros por no aplicar en los contratos de alquiler de vivienda de zonas tensionadas los límites en el precio que se establezcan.
Con el registro de esta iniciativa, Podemos pretende presionar al PSOE para que incluya la limitación de los precios de alquiler en la ley de vivienda que llevan casi nueve meses negociando como socios de gobierno.
El texto ha sido redactado por organizaciones sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicato de Inquilinas, Nadie Sin Hogar y los sindicatos CCOO y UGT.
Renta máxima y multas
La propuesta regula de manera detallada el mercado del alquiler y el régimen sancionador por infracciones muy graves, graves y leves en materia de contención de rentas, con multas que van de los 3.000 euros a los 900.000.
El planteamiento -que es el que viene defendiendo Podemos en la negociación con el PSOE de la Ley por el Derecho a la Vivienda- es que las comunidades autónomas podrán declarar zonas de mercado residencial tensionado y determinar en ellas una renta máxima, con una duración máxima de 5 años.
Los contratos de alquiler la renta pactada entre las partes no podrá superar el índice oficial de referencia correspondiente ni el precio del último contrato vigente en los últimos 5 años o la media de los contratos de ese periodo.
Además, en las ofertas de alquiler de vivienda de esas áreas siempre deberá constar información sobre el precio de referencia. El no facilitar esa información supondrá una «infracción muy grave», sancionable con multas de 90.001 a 900.000 euros.
Además de la regulación de alquileres, la proposición de ley que avala Unidas Podemos contiene medidas para evitar los desahucios, garantizar los suministros de gas, luz y agua (con una tarifa social financiada por las empresas), penalizar las viviendas vacías (con recargos del 75 % al 300 % en el IBI y cesión obligatoria para grandes tenedores) y cancelar deudas hipotecarias por sobreendeudamiento.
Fuente: EFE.
