Además, la formación morada computó 24.390 euros como gastos electorales cuando obedecían a operaciones ordinarias no subvencionables
El Tribunal de Cuentas considera que Unidas Podemos incurrió en «gastos irregulares» en la campaña de las elecciones generales de 2019, una pequeña parte de los cuales, 9.406 euros, corresponden a gastos con «justificación insuficiente» y otros 239.462 a gastos publicitarios previos a la campaña electoral.
Estos datos figuran en el informe que el órgano fiscalizador acaba de publicar sobre la contabilidad de las formaciones políticas derivada de los comicios de 2019, y de cara a las subvenciones públicas a las que tienen derecho para costear los diversos aspectos de la campaña electoral.
En el caso de Unidas Podemos, el Tribunal constata que sus gastos electorales ordinarios justificados ascendieron a 2.376.086 euros y advierte que para considerar las subvenciones la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) no se pueden computar los anteriores al inicio de la campaña, de modo que excluye los casi 250.000 euros considerados irregulares de las ayudas públicas.
Además, la formación morada computó 24.390 euros como gastos electorales cuando obedecían a operaciones ordinarias no subvencionables y consignó 128.368 euros como gastos de propaganda electoral cuando en realidad correspondían a ordinarios, por lo que el Tribunal de Cuentas ha procedido a su «reclasificación» para calcular cuál es el importe sujeto a subvenciones.
El informe recoge las alegaciones de Unidas Podemos, que sí entiende que la publicidad en redes sociales debe considerarse como incluida en los gastos subvencionables, a lo que el Tribunal de Cuentas responde que no presentaba candidatos ni programa sino que pretendía dar a conocer posiciones políticas y captar voto.
En su contabilidad, la coalición incluyó los «servicios de estilismo a los candidatos» como dentro de la campaña, pero el órgano fiscalizador apunta que «dicha categoría de gasto no se entiende incluida en ninguno de los conceptos» recogidos en la Loreg.
Por otro lado, el documento detecta pagos de tesorería fuera de plazo por 10.222 euros, reseña que cuando presentó sus cuentas tenía pendiente de pago 194.821 euros e identifica a tres proveedores de prestación de servicios o adquisición de bienes, como Ifema o Facebook, que facturaron 832.867 euros y no informaron al Tribunal de Cuentas, algo que también incumple la normativa electoral.
En su conjunto, el informe destapa 531.912 euros sin naturaleza electoral, pese a que los 22 partidos analizados los declararon como tales; la mayoría corresponden a las formaciones que obtuvieron mayor representación parlamentaria en las elecciones de 2019.
Así, el PP reseñó 90.592 euros de operaciones ordinarias como gastos electorales, sin que según el Tribunal de Cuentas tuvieran esa consideración. Y al revisar los envíos de propaganda electoral deduce que 82.812 euros correspondían también a operaciones ordinarias y 59.320 no eran gastos electorales.
En el caso del PSOE, el Tribunal observa que 71.195 euros dedicados a publicidad en medios de comunicación lo fueron antes de la campaña, por lo que no son subvencionables, siguiendo el mismo criterio aplicado a Unidas Podemos.
