La actual vicepresidenta argentina está acusada de encabezar una trama corrupta que concedió irregularmente 51 contratos de obra pública
Un fiscal pidió este lunes que se condene a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, a 12 años de prisión al considerarla la «jefa» de una trama de «corrupción sistemática» en torno a la obra pública que causó un millonario perjuicio para el Estado. «Se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país», afirmó el fiscal Diego Luciani en su alegato final en el juicio que se sigue desde mayo de 2019 por la denominada «causa Vialidad».
Según el procurador, Fernández, que gobernó Argentina entre 2007 y 2015, fue la «jefa» de una asociación ilícita conformada por funcionarios públicos de «alta jerarquía» -para quienes el fiscal también solicitó diversas penas- y que actuó por los móviles del «ánimo de lucro y la codicia».
Además de pedir que Cristina Fernández vaya a prisión por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, Luciani solicitó que se la inhabilite a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Pidió asimismo que se decomisen bienes de los acusados por valor de 5.231 millones de pesos (36,4 millones de dólares), cifra a la que, según la Fiscalía, llegó el fraude orquestado por esta «asociación ilícita».
Corrupción sistemática
En este proceso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz.
«Se trató de actos de corrupción sistemáticos, promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país, que arrasaron con todos los principios de la contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado», aseveró el fiscal.
Según Luciani, hubo por parte de la ahora vicepresidenta un «apartamiento de cualquier tipo de escrúpulo para alcanzar el móvil ambicionado» y un «desprecio hacia la ciudadanía en general al emplear fondos que debían haberse destinado a una utilidad social en provecho personal».
Además, el fiscal cuestionó al presidente argentino, Alberto Fernández, por decir, al testificar en este juicio, que la política pública en materia de contrataciones no puede ser revisada por la Justicia. «Evidentemente, para defender puerilmente a su compañera de fórmula, intentó correr el foco de la cuestión y evitó hablar de la gravedad de los hechos aquí verificados y del grave perjuicio ocasionado al Estado», dijo.
Cristina Fernández, que en los últimos años ha sorteado los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra en diversas causas -en muchas de las cuales fue sobreseída- gracias a los fueros que le protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de una persecución política.
En caso de que fuera condenada, la vicepresidenta, de 69 años y quien en principio goza de fueros hasta diciembre de 2023, tendrá el derecho de recurrir la sentencia ante tribunales superiores.
Fuente: EFE.
