La iniciativa legislativa plantea declarar «de interés nacional» el cambio de nombre del Ministerio
El Gobierno peruano y organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos expresaron este martes su rechazo y preocupación ante un proyecto de ley aprobado en una comisión parlamentaria que propone cambiar la denominación del Ministerio de la Mujer por Ministerio de la Familia.
«Este dictamen se pone de espaldas a 17 millones de mujeres peruanas y residentes en nuestro país que sufren de discriminación estructural por su condición de mujeres y que afecta severamente sus vidas, sus derechos y sus oportunidades», sentenció el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en un comunicado.
La cartera alertó, además, que esta iniciativa legislativa, aprobada este martes por la Comisión de Descentralización del Congreso, «cuestiona severamente» la posibilidad de Perú de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y cumplir con sus compromisos internacionales.
«La desigualdad que viven las mujeres peruanas requiere de un ente rector que se concentre en sus derechos, en su autonomía y en sus libertades», aseveró el Ministerio, que calificó el dictamen de «un atentado a los derechos de las mujeres».
Agregó que el proyecto de ley «invisibiliza a las mujeres como sujetos de derechos y de las políticas públicas» con miras a «relegarlas en el espacio de la familia, reproduciendo una concepción tradicional de sus roles».
La Comisión de Descentralización del Parlamento dio este martes, por unanimidad, luz verde a esta iniciativa legislativa que plantea declarar «de interés nacional» el cambio de nombre del Ministerio.
El proyecto, lanzado por el congresista Américo Gonza, del partido marxista Perú Libre, que llevó al presidente Pedro Castillo al poder, considera que la denominación «Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables recaba de forma completa la necesidad de generar igualdad de atención y respeto irrestricto de los derechos de todo ciudadano a ser atendido por las dependencias del Estado».
La propuesta, sin embargo, desató una oleada de críticas en las redes sociales, donde organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos alertaron del «grave retroceso» que supondría su aprobación por el pleno del Congreso en las políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres.
«La violencia de género es una realidad en el país, día a día tenemos cifras de violencia alarmantes. No permitiremos más retrocesos«, escribió en Twitter la asociación Manuela Ramos.
Para la organización feminista Flora Tristán, la propuesta «es parte de una estrategia orquestada para seguir retrocediendo en materia de igualdad» en el país andino, donde cada dos días una mujer es asesinada por el mero hecho de serlo.
«Se quiere quitar institucionalidad a los derechos de las mujeres, lo que genera un precedente pésimo en un país en dónde la discriminación y la violencia de género se vive diariamente», sostuvo en un pronunciamiento.
Fuente: EFE
