La red social Twitter, caladero infinito de millones de informaciones y datos, ha vuelto a ser un foco intenso de polémica. El motivo: la suspensión de la actividad de la cuenta de Vox. La formación de Santiago Abascal había iniciado una campaña en redes con el lema «Stop islamización» en Cataluña.
La tecnológica justificaba su decisión señalando que ese comentario violaba su política relativa a las conductas de incitación al odio. Y no es la primera vez con Vox. Este partido ya denunció en enero de 2020 el bloqueo de su cuenta tras un encontronazo virtual entre este partido y la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra. Un mensaje que la formación de Abascal tuvo que retirar para recuperar su cuenta.
Algo similar ocurrió hace unas semanas. Fue durante la inusual toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Los días previos, durante el bochornoso asalto al Capitolio por parte de los votantes pro-Trump, la cuenta de Twitter del mandatario saliente fue suspendida. También la de Facebook. Se le acusaba de alentar a las masas en un momento en el que el propio Trump denunciaba un supuesto fraude electoral. Contaba con varias decenas de millones de ‘followers’.
Las decisiones han sido tomadas por empresas que son privadas. Y están en su derecho de hacer lo que les plazca. Pero nos adentramos en un sendero sinuoso, lleno de fragilidad, donde se puede establecer un peligroso precedente. ¿Dónde se fija la libertad de opinión? ¿Quién perimetra al perimetrado? ¿Cuál es el límite?
El mundo virtual en este tipo de redes sociales alberga a miles y miles de cuentas de países en los que no existe la democracia o no se respetan los derechos humanos. Numerosos mandatarios, personajes públicos y empresas que habitan en lugares en los que la Libertad está atada a una soga al cuello. Donde la opinión, la disidencia o el derecho a la manifestación es motivo de cárcel o de pena de muerte. Sin embargo, campan a sus anchas por dichas redes.
Más allá de los motivos esgrimidos por Twitter o Facebook en estos casos, ¿por qué se toma esta decisión con unos y no con otros? ¿Cuál es el baremo?
Hasta la propia ONU, poco dada a estos gestos y comentarios, es partidaria de que se fije un marco que regule medidas de control en las redes sociales. Una supervisión que limite el poder de las grandes tecnológicas.
La suspensión de la cuenta de Vox ha sido vitoreada por un nutrido grupo social, muchos de ellos erigidos como adalides de la libertad de expresión. Hasta partidos políticos, como el PSOE –ahora en el Gobierno–, han ensalzado la decisión de Twitter. Tal vez sea necesario recordarles que ningún artículo del Código Penal castiga como delito las ideas en España, por muy erróneos que puedan ser determinados pensamientos. Por fortuna.
