Esta semana, otro anuncio del Gobierno ha vuelto a provocar polémica. Se trata del proyectado “sistema tarifario” que baraja aplicar en la utilización de nuestra red viaria. Conviene reflexionar sobre el tema con vocación de análisis y dosis de sosiego.
Para empezar, llama la atención la absurda denominación utilizada para intentar disimular la planeada vuelta al peaje. ¿A quién se pretende engañar? ¿En qué se diferencia el pago de una tarifa del pago de un peaje? De creer a los propagandistas de Moncloa, lo que se nos cobrará en el futuro por circular en una vía sometida al sistema tarifario será inferior a los peajes que hemos pagado en el pasado. Bien, pues serían peajes de menor importe, pero peajes. Por favor, que no nos irriten innecesariamente recurriendo a estas técnicas de marketing barato.
Entrando ya en el fondo, la cuestión es que existen dos opciones básicas para financiar los costes inherentes a las grandes infraestructuras viarias de carácter público. Puede hacerse bien a través de los ingresos procedentes del sistema tributario, bien mediante el cobro de un peaje a aquellos que las utilizan. Personalmente, considero más justa y razonable la segunda, pues traslada el coste a quienes se benefician de la existencia de la infraestructura. No en balde, la aplicación del peaje está más que extendida en los países de nuestro entorno.
Al margen de lo anterior, el anuncio gubernamental es susceptible de un comentario y de tres críticas severas. Es lugar común considerar que todo el mundo es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, es claro que la izquierda española es esclavísima de sus furibundos e infantiles ataques pasados contra los peajes. De ahí que ahora hable de tarifas. Pero el intento de engaño es peor que burdo. Y, comentado esto, procede dar paso a las críticas.
Primera, para que esté justificado el cobro de peajes es obligatorio que existan vías alternativas de utilización gratuita, de modo que cualquier usuario pueda optar entre circular por una carretera ordinaria sin pago alguno, o hacerlo por una vía de lujo pagando por ello. Sin embargo, se nos anuncia la posible extensión de las llamadas tarifas a la red general de carreteras. Y, en ese punto, hay que ser contundente: cobrar también tarifas (peajes) por el uso de las carreteras alternativas a las autopistas desnuda de legitimidad al proyecto del Gobierno.
Segunda, de optar por financiar el coste inherente a las infraestructurales viales de lujo mediante el cobro de peajes (tarifas), el importe recaudado por éstos debería dejar de recaudarse a través del sistema tributario. De lo contrario, se nos estaría duplicando el cobro del coste: con peajes y con impuestos. Nada al respecto se ha dicho en el anuncio realizado. Y, además, medida a medida, lejos de reducirse nuestra carga fiscal, ésta aumenta por sucesivas decisiones del Gobierno. Quiere decirse que sí, que al cobrarnos peajes (tarifas) sin reducir impuestos en el importe equivalente nos harán pagar dos veces el coste de la infraestructura.
Tercero, en un país avanzado, un Gobierno no puede decidir o legislar sin una previa interlocución social. Adoptar medidas que afectan seriamente a un sector económico sin haberse sentado a escuchar a sus representantes es garantía de fracaso de lo decidido o legislado. Y, en este caso, es obvio que el sector del transporte debe ser escuchado. Su actividad económica es intensiva en el uso de los carburantes, de cuyo precio más del 50% viene constituido por los impuestos que los gravan. De ahí que resulte posible y necesario encontrar soluciones técnicas para evitar que los nuevos peajes o tarifas ahoguen al sector. En Europa se han encontrado.
