Esta ley considera la «gestión directa» como el modelo prioritario para la prestación de servicios sanitarios y establece la «excepcionalidad» de las colaboraciones público-privadas
El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha avisado este martes de que es posible que la ley de equidad, universalidad y cohesión en el acceso a la sanidad pública no salga adelante en el Congreso si no es modificada para «derogar de verdad» la privatización de la sanidad.
A través de Twitter, Echenique se ha referido así a la ley que ha sido aprobada en el Consejo de Ministros este martes, que considera la «gestión directa» como el modelo prioritario para la prestación de servicios sanitarios y establece la «excepcionalidad» de las colaboraciones público-privadas.
Aunque reconoce Echenique que la normativa finalmente aprobada en el Consejo de Ministros contiene «ciertos avances» con respecto a la versión anterior, la del anteproyecto, considera que hay que «profundizar» en los cambios.
«Esta ley tiene que ser modificada en el trámite parlamentario para derogar de verdad la ley 15/1997 de José María Aznar de privatización de la sanidad. Si esto no ocurre, me temo que no tendrá mayoría para salir adelante en el congreso», ha escrito Echenique en Twitter.
Sin embargo, no ha concretado si se refiere a que Unidas Podemos podría votar en contra de ese cambio normativo que ha sido aprobado por sus ministros.
«Quiero decir bien alto y bien claro que nace del cumplimiento del programa de Gobierno de progreso», ha expuesto Darias sobre este cambio normativo que, según ha dicho, ha contado con aportaciones del resto de los ministerios.
El proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) prioriza la gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios, lo que según el Gobierno es una manera de «blindar» la sanidad pública en un contexto en el que varias autonomías tienen externalizados los servicios sanitarios.
De hecho, según ha explicado Darias en la rueda de prensa, la ley establece las excepciones que habilitan la gestión indirecta bajo una visión complementaria y de apoyo, nunca sustitutoria y siempre motivada objetivamente, «solo cuando no sea posible la gestión directa».
Según ha dicho la ministra, será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el que determine las pautas o los indicadores comunes para aprobar que los servicios públicos los presten empresas privadas.
Fuente: EFE
