El actual ministro de Exteriores, Wunna Maung Lwin, asumirá el mando del equipo legal frente a la acusación por el supuesto genocidio de la minoría rohinyá
La junta golpista de Myanmar anunció cambios en el equipo legal, previamente liderado por la derrocada Aung San Suu Kyi, que representa al país por una acusación de genocidio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya.
El actual ministro de Exteriores, Wunna Maung Lwin, nombrado por el régimen militar que tomó el poder el 1 de febrero, asumirá el mando del equipo legal frente a la acusación, presentada por Gambia, por el supuesto genocidio de la minoría rohinyá, informa el portal ‘The Irrawaddy’.
Además del ministro, un coronel en la reserva y otros tres altos cargos militares formarán parte del nuevo equipo legal, conformado por un total de ocho personas, publicó el jueves el boletín oficial de Myanmar.
La acusación se basa en las campañas de 2016 y 2017 orquestadas por el Ejército contra la población rohinyá asentada en el oeste del país y que fue calificada por investigadores de la ONU como una «limpieza étnica con marcas de genocidio».
Según los argumentos de Gambia, los militares asesinaron, violaron, torturaron y arrasaron pueblos enteros, entre otros delitos de lesa humanidad contra esta población de mayoría musulmana no reconocida como autóctona por las autoridades de Myanmar y que, desde hace décadas, ha vivido una persecución.
A raíz de la última misión castrense, quienes aseguran actuaron en defensa contra grupos insurgentes que supuestamente atacaron puestos policiales fronterizos, más de 720.000 rohiyás huyeron a Bangladés, donde todavía se encuentran junto a decenas de miles previamente desplazados en el campo de refugiados más grande del mundo.
La nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, encabezó la defensa en diciembre de 2019 de la actuación de los soldados frente al CIJ, mientras ocupaba los cargos de Consejera de Estado y ministra de Exteriores.
La política fue detenida a raíz del sublevamiento militar, encabezado por el general Min Aung Hlaing, y penden sobre ellas numerosos cargos que podrían enviarla a prisión.
Al menos 880 personas han muerto y más de 6.000 han sido detenidas de forma arbitraria desde el golpe por las fuerzas de la junta militar que han usado armamento militar para reprimir violentamente protestas pacíficas, según las cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.
El Ejército justifica su alzamiento por un supuesto fraude en las elecciones legislativas del pasado noviembre, avaladas por la comunidad internacional y en las que el partido de Suu Kyi obtuvo una abrumadora mayoría.
Fuente: EFE
