Ministros socialistas y de Unidas Podemos han cargado contra la «codicia» del empresario mientras que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido «respeto»
Dos días después de anunciar el traslado de su matriz a Países Bajos, Ferrovial sigue recibiendo críticas del Gobierno, que no se cree los motivos empresariales esgrimidos por la compañía y ve detrás el interés personal por pagar menos impuestos de su presidente, Rafael del Pino, la tercera mayor fortuna de España.
Desde Dinamarca, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha acusado esta tarde a Del Pino de no ser uno de los grandes empresarios españoles comprometidos con su país y le ha advertido de que el Gobierno «va a ver exactamente que el anuncio que ha hecho esta compañía corresponde con la legalidad».
«Los empresarios tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor Del Pino», ha lamentado Sánchez, tras recordar que mecanismos como los ERTE y los ICO han permitido al empresariado «incluso incrementar su actividad económica en estos complejos años».
Durante todo el día, ministros socialistas y de Unidas Podemos han cargado contra la «codicia» y el «antipatriotismo» de Del Pino, mientras que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido «respeto».
Además, la salida de Ferrovial de España ha servido a la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, para defender la importancia de «luchar por una unión del mercado de capital».
En una entrevista en Antena 3, Lagarde ha incidido en que las grandes compañías quieren expandirse y tener acceso a la financiación en los mercados, pero con la fragmentación actual tienen que hacer «muchas cosas para salir a bolsa en otros países», con las trabas que suponen los diferentes idiomas, bancos, regulación e impuestos de cada país europeo.
LA TERCERA FORTUNA DEL PAÍS
Entretanto, fuentes de la Moncloa han señalado, durante el viaje a Irlanda del presidente, Pedro Sánchez, que los motivos de seguridad jurídica, ahorro de costes financieros y expansión internacional que ha dado la compañía son «ridículos».
Apuntan que detrás de esta decisión está la búsqueda de la familia Del Pino de pagar menos impuestos, no solo como empresa, sino también personalmente, porque esa menor presión fiscal es en lo único que admiten que Países Bajos se sitúa por delante de España.
Con un patrimonio que supera los 3.800 millones de euros, Rafael del Pino Calvo-Sotelo es la tercera fortuna del país y desde hace más de 20 años presidente de Ferrovial, la empresa española de origen familiar que fundó su padre en 1952.
El Gobierno, que no cree que vaya a haber ningún efecto contagio, está además molesto con la forma en que ha actuado, ya que no hubo una comunicación previa antes de hacer pública su decisión.
«Qué mala consejera es la codicia a veces», ha dicho el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, convencido de que esos comportamientos «cortoplacistas» resultan contraproducentes a medio plazo.
INICIATIVA PARLAMENTARIA DE PODEMOS
Desde el PP siguen responsabilizando al Gobierno por «ver a las empresas como enemigo», ha afirmado su coordinador general, Elías Bendodo, para quien este caso puede ser la «antesala» de la salida de España de otras empresas que no aguanten «la presión y el maltrato» que a su juicio ejerce el Ejecutivo de coalición.
Aunque la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que «no hay una situación generalizada» de traslados de empresas fuera de España, Unidas Podemos ya prepara una iniciativa parlamentaria para evitar la deslocalización de empresas que hayan recibido ayudas públicas y para que, si finalmente se van, «tengan que devolver cada uno de esos euros que han puesto los españoles para mantenerlas a flote».
Así lo ha señalado la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha calificado el comportamiento de Ferrovial de «antipatriota» por «aprovecharse de las ayudas públicas» para luego «irse a un paraíso fiscal», en la misma línea que la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha considerado «nefasta» la decisión de Ferrovial.
El presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, ha replicado que la constructora española se queda «dentro de la Unión Europea y no va a un paraíso fiscal».
Garamendi ha pedido respeto a la decisión de esta empresa, de la que ha recordado que ya tiene el 90 por ciento de su negocio fuera de España y que «quiere conquistar a los inversores de la bolsa americana», ya que su expansión está en Estados Unidos y Canadá.
Tampoco a los sindicatos les convence ese argumento y, al igual que hizo ayer su homólogo de CCOO, Unai Sordo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha sostenido que las razones de esta deslocalización no son solo económicas, sino también «políticas», y ha hablado también de «falta de patriotismo».
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha vuelto a repetir que el «gesto» de Ferrovial demuestra «poco compromiso» con el país, a lo que el presidente de la patronal de la construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, ha respondido en Capital Radio que hay que tener compromiso con el país también desde el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se ha quejado de los ataques que sufren los empresarios y de la inestabilidad normativa.
Desde el ámbito empresarial, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, han opinado que una decisión como la de Ferrovial «no tiene nada que ver» con la regulación y ha destacado que la intensa actividad regulatoria «no es específica de España».
Ferrovial ha firmado hoy el quinto mejor resultado del IBEX 35, con una subida del 1,17 %, que ha situado sus títulos a un precio de 26,73 euros por acción.
Fuente: EFE
