El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado un «acuerdo de legislatura» con la formación de Abascal
El procurador de Vox por la provincia de León Carlos Pollán Fernández ha sido elegido presidente de las Cortes de Castilla y León en la XI Legislatura tras el acuerdo de legislatura sellado este jueves entre Vox y PP, que ha apoyado con sus votos al candidato de la formación de Santiago Abascal.
La elección se ha producido minutos después de que el presidente de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, hubiera anunciado un «acuerdo de legislatura» con Vox que permita «un gobierno estable y sólido» en la región. El acuerdo se extiende, ha asegurado, tanto a la Mesa de las Cortes autonómicas como al Gobierno de Castilla y León. El anuncio ha sido publicado en su cuenta de Twitter apenas a unos minutos antes de la sesión constitutiva de las Cortes de la región. El presidente ‘popular’, ha asegurado que informará del mismo tras la sesión.
Confusión antes del acuerdo
Previa al anuncio del acuerdo, el presidente de Vox, Santiago Abascal, aseguraba en el Congreso de los Diputados que su partido no había alcanzado ningún acuerdo de investidura con el PP y que «en estas condiciones» estaban «abocados» a votar a su propio candidato a la Presidencia parlamentaria.
Abascal aseguraba a los periodistas en el Congreso que Vox no admitiría «ningún tipo de desprecio ni humillación», porque su exigencia para alcanzar un acuerdo era tener un trato similar al que tuvo otra fuerza política «con parecida representación», en referencia al pacto de gobierno que el PP tuvo con Ciudadanos en la legislatura anterior.
En los últimos movimientos, tanto el PP como el PSOE se habían responsabilizado mutuamente de una situación que acercaba la Presidencia a Vox, dado que los populares, por medio de su previsiblemente nuevo líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, habían pedido a los socialistas una abstención sin condiciones que hubiera dejado Vox fuera de la ecuación, y los socialistas a su vez, por medio de su vicesecretaria general, Adriana Lastra, habían demandado al PP que parasen su pacto con la formación de Abascal.
A última hora del miércoles, a solo 15 horas de la constitución de las Cortes, el procurador electo de Vox y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, afeaba al PP que «se empeñase en negar a los votantes de Vox el mismo trato» que a Ciudadanos en 2019, en referencia a la cesión de la Presidencia de las Cortes, por lo que advertía de que si no rectificaba tendría que explicar a sus votantes los motivos del desencuentro.
En un mensaje publicado en su perfil de Twitter, García-Gallardo defendía que «todavía estaba a tiempo de rectificar y aceptar esta propuesta», en alusión a un documento con doce ejes de gobierno, tres medidas para los 90 primeros días de legislatura y 29 acciones concretas, que serían la base programática, y la reiteración de su propuesta de reparto de cargos.
El documento presentado por Vox representa unas «bases para un acuerdo de legislatura», pero «deberá ser detallado una vez constituidas las Cortes y con anterioridad a la sesión de investidura, hasta conformar un programa estable de gobierno».
Entre los doce ejes de gobierno que plantean, son cuestiones generales, pero concretan algunas de sus propuestas como su oposición a la aplicación de la Agenda 2030 por parte del Ejecutivo autonómico: «El Gobierno de la Junta se compromete a rechazar las políticas impulsadas por la Agenda 2030 y cualquier impedimento ideológico del desarrollo energético e industrial».
En el caso de los compromisos para los primeros 90 días de legislatura, Vox plantea tres: reducción de todas las subvenciones a sindicatos, patronales y partidos políticos y la asignación a la publicidad institucional, la derogación del Decreto autonómico de Memoria Histórica y Democrática y la eliminación de las partidas presupuestarias y normativas que «promueven el efecto llamada y favorecen el tráfico de seres humanos. La Junta colaborará con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados», concluye el escrito.
Por último, en el caso de las acciones, destacan la propuesta de reducción de diez a nueve consejerías, un fondo de 300 millones para indemnizar a pymes y autónomos afectados por las medidas de contención contra la covid declaradas inconstitucionales y una «ley de violencia intrafamiliar que reconozca y repare por igual a cualquier tipo de víctima» -sin referencia explícita a la derogación o modificación de la actual Ley contra la Violencia de Género-.
También reclaman en su documento la eliminación de todos los documentos oficiales «los ataques a la lengua española con el denominado ‘lenguaje inclusivo'» y la reparación de lo que consideran como una «discriminación histórica a Castilla y León» en materia de financiación autonómica, entre otras medidas que se proponen negociar con el PP.
Fuente: EFE
