Un estudio augura una «crisis global sin precedentes» en afectación de salud mental tras la pandemia del COVID-19
Los problemas de salud mental causados por la epidemia de COVID tendrán unos costes «monumentales» y permanecerán tras conseguir la inmunidad, sobre todo los originados por el trauma y el impacto socioeconómico de la pandemia, por lo que urge destinar más recursos e incluir los servicios de salud mental como servicios esenciales.
Así lo concluye un análisis elaborado por cuatro investigadoras del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGLobal), centro impulsado por la Fundación «la Caixa», que plantean si la salud mental puede ser otra pandemia después del COVID-19.
Las investigadoras, que recuerdan que antes de la pandemia los costes económicos globales asociados a los problemas de salud mental comunes alcanzaban la cifra anual de un billón de dólares americanos y que el 85% de las personas con trastornos mentales no recibían tratamiento en los países pobres y con ingresos medios, auguran una «crisis global sin precedentes» en afectación de salud mental.
«La pandemia de COVID-19 ha afectado a la salud de las personas, pero también a sus objetivos personales, su dinámica familiar, su rol laboral y su estabilidad económica», corroboran las expertas en políticas de salud global.
Resaltan que el impacto sobre la salud mental de las personas ha llegado «a través de múltiples mecanismos de forma simultánea, lo que requiere una acción urgente para la intervención, prevención y preparación«.
Los cambios profundos en los hábitos diarios, en la forma de comportarse e interactuar, el miedo al contagio «en una proporción considerable de población», el riesgo a la salud mental vinculado a la ciudad y la «desconexión de la naturaleza» que ya está comprobado que reduce el estrés, son algunas de las causas de problemas de salud mental que describen las autoras.
La modificación de los roles familiares, con más casos de violencia doméstica, el aislamiento, el estado emocional de soledad, el duelo de las personas que han perdido a algún familiar o amistad o la ansiedad generada en el personal de trabajos esenciales, con el «desgaste profesional e incluso el estrés postraumático», son otros factores que han generado más casos de ansiedad y otros trastornos.
A todo ello se añade, según el análisis, que «entre el 30% y el 60% de los pacientes con COVID-19 sufren manifestaciones del sistema nervioso central y periférico, incluyendo alteraciones de la conciencia o su pérdida».
«El delirio es el síndrome neuropsiquiátrico agudo más frecuente, seguido de un estado de desánimo y ansiedad«, subraya el estudio, que resalta que el ánimo depresivo y el síndrome de fatiga se han descrito en los casos de COVID persistente.
La mayor presión de los cuidadores de personas enfermas o dependientes y, sobre todo, las «profundas alteraciones socioeconómicas» son otros factores desencadenantes de problemas de salud mental, que, además, están teniendo «efectos profundos» en los grupos marginados con vulnerabilidades previas a la pandemia y también sobre el estado mental de las personas en riesgo de exclusión.
El estudio señala que la infancia, los adolescentes y los jóvenes, las mujeres y las personas mayores y con problemas de salud preexistentes, las personas inmigradas y refugiadas y los trabajadores «en primera línea», son los más afectados por los trastornos mentales causados por la pandemia.
Con este panorama, difícilmente cuantificable, las expertas del ISGlogal auguran unos costes «monumentales» y advierten que los problemas de salud mental no se acabarán con la consecución de la inmunidad cuando todo el mundo esté vacunado porque persistirán los causados por el trauma y por las consecuencias socieconómicas.
Por todo ello, recomiendan incluir los servicios de salud mental como servicios esenciales, incluso cuando se apliquen confinamientos y medidas estrictas, mediante la provisión segura de los servicios y adoptando formas innovadoras, como la telemedicina, las intervenciones de teleterapia, las líneas de atención teléfonica y la formación ad-hoc para los proveedores de salud.
Otras de las propuestas de las analistas son dedicar más recursos a implementar los servicios de salud mental, diseñar estrategias de protección social y para el desempleo (por ejemplo programas de renta mínima), garantizar el suministro de servicios básicos, aplazar el pago de impuestos, hipotecas o alquileres para los grupos de población vulnerables y financiar servicios sociales para ayudar a las familias necesitadas.
