Esta ley pretende defender la libertad de los padres para que puedan elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Enrique Ossorio, ha defendido la creación de la Ley Maestra de educación que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado enviar a la Asamblea. Se trata de una enmienda a la totalidad de la Ley Celaá, según indican desde el diario ‘ABC’.
Según anunciaba Ossorio, con esta ley pretenden defender la libertad de los padres para que puedan elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos, con lo cual, esta ley se ha creado con el objetivo de «garantizar la igualdad de oportunidades, avalar el derecho a recibir las enseñanzas en castellano, confirmar la pluralidad de la oferta educativa y fomentar la excelencia académica, asegurando la transparencia informaticen todos los procesos», indican.
Además, en esta ley nacida en Madrid, se incluye un artículo por el que el español se mantiene como lengua vehicular, «algo que desaparece en la Ley Celaá», explica Enrique Ossorio. Otra novedad que introduce esta ley, a diferencia de la Ley Celaá, es que se premia la excelencia académica, para lo que en este caso se tendrán que realizar pruebas externas de nivel en los centros educativos correspondientes.
Para que esta ley sea aprobada se iniciará su tramitación en el Parlamento madrileño para su posterior votación en el pleno.
Otros aspectos de la Ley Maestra del Gobierno de la Comunidad de Madrid
En la Ley Maestra se introducen otros aspectos como: el mantenimiento de los concursos sobre suelo público dotacional para levantar sobre ellos centros concentrados y se mantiene la educación diferenciada (para niños o niñas solo) en los colegios concertados, aspecto que, en cambio, no se admite en la Ley Celaá del actual Gobierno de España.
Para el Gobierno madrileño, un aspecto clave en esta ley es que se garantiza la Educación Especial. Como ha explicado Enrique Ossorio: «Se quiere evitar el vaciamiento de estos centros», porque, aclara, desde Madrid defienden que el alumno que pueda ir a un centro ordinario lo haga pero, todos aquellos cuyos padres consideren que deberían de ir a otro tipo de colegio, puedan escoger también esa opción.
En caso de que esta ley se apruebe, se prevé que entre en vigor a lo largo del próximo curso 2021/2022, y se aplicaría en los centros educativos sostenidos con fondos públicos.
