La medida ha salido adelante con los cinco votos de PSC, ERC y CUP, frente a uno en contra de JxCat
La Mesa del Parlamento catalán ha aprobado este jueves -con los cinco votos de PSC, ERC y CUP, frente a uno en contra de JxCat– suspender a Laura Borràs como diputada y presidenta de la cámara catalana, segunda autoridad política de Cataluña, tras la apertura de juicio oral por su causa judicial por corrupción.
Así lo han explicado fuentes parlamentarias, después de que la Mesa haya iniciado su reunión sobre las 12.15 horas, con un único punto en el orden del día: la suspensión de Borràs en aplicación del artículo 25.4 del reglamento del Parlamento, tras enviarla a juicio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por los delitos de prevaricación y falsedad documental, al fraccionar presuntamente contratos de la Institució de les Lletres Catalanes.
El artículo 25.4 -introducido en la reforma del reglamento que aprobaron Junts pel Sí y la CUP en 2017, en vísperas del referéndum unilateral del 1 de octubre- establece que la Mesa «debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata» si a un diputado le abren juicio oral por corrupción.
Borràs no ha participado en la deliberación ni en la votación sobre su suspensión, por evidente conflicto de intereses, por lo que se ha ausentado de la sala poco antes de las 13.00 horas, cuando el resto de miembros de la Mesa -Alba Vergés y Ruben Wagensberg (ERC), Assumpta Escarp y Ferran Pedret (PSC-Units), Aurora Madaula (JxCat) y Carles Riera (CUP)- han empezado a debatir y votar el 25.4.
Lo que sí ha hecho Borràs es abrir la reunión con una introducción en la que ha instado a los miembros de la Mesa a entender que «no concurren» los motivos de aplicación del 25.4 en su caso, antes de ausentarse de la deliberación por un «conflicto claro de interés», según ha explicado ella misma en los pasillos del Parlamento catalán.
La reunión ha durado cerca de una hora y 45 minutos, tras ella, Borràs ha comparecido ante los medios para pronunciarse sobre la decisión de la Mesa.
«Mi suspensión solo beneficia a quienes han apostado por la guerra sucia, pero también hace cómplices a quienes la han ejecutado de manera totalmente gratuita e innecesaria», ha denunciado Borràs en una declaración de casi media hora, en la que ha dicho ser víctima de un «atropello democrático» por parte de quienes no pueden «disimular su deseo» de hacerla «desaparecer» como adversaria política.
Borràs ha insistido en que su caso tiene un «indudable componente de persecución política», por lo que su suspensión «allana el camino para que los responsables» de esta persecución logren su «objetivo».
Asimismo, ha acusado a ERC y CUP de no tener «otra expectativa que la autonomía ni otra motivación política que sus respectivos partidos» y les ha advertido de que, pese a estar suspendida, no dimitirá del cargo para facilitar su relevo en la presidencia del Parlamento catalán: «No renuncio, no me doblego, no me han vencido».
«No pienso permitir que los que están dando pasos atrás nos digan a quienes damos pasos adelante que demos un paso al lado», ha dicho Borràs, que no quiere «rendirse» porque su dimisión solo serviría para «reforzar una apariencia de normalidad».
Al forzar esta «situación de interinidad» en un Parlamento catalán con su presidenta apartada hasta que haya sentencia, pretende evitar dar cualquier «facilidad a los represores y a sus cómplices», ha continuado.
Las funciones presidenciales recaen ahora teóricamente sobre la vicepresidenta primera del Parlamento catalán, Alba Vergés, a quien Borràs ha retado a seguir «contabilizando» el voto del diputado de JxCat Lluís Puig -huido a Bélgica- pese a las «prohibiciones de los tribunales».
La «injusta decisión» de su suspensión, según Borràs, «hace daño al conjunto del independentismo», porque es «una señal de que la represión hace su trabajo y tiene sus efectos».
Borràs -que ha exhibido una postal de la Institució de les Lletres Catalanes con el mensaje: «Las cosas importantes son las que no lo parecen»- ha dicho que siente una «frustración política enorme» al ver que JxCat, ERC y CUP «tienen agendas políticas que están muy lejos de converger en una estrategia» unitaria, «ni en el Govern ni en el Parlament».
Los cinco representantes de PSC, ERC y CUP en la Mesa, según Borràs, hoy «no han venido vestidos de diputados, han venido vestidos de jueces» y han hecho una «interpretación subjetiva» del artículo 25.4, sin solicitar informes jurídicos para despejar «dudas» sobre si en su caso debía aplicarse esta suspensión.
Para Borràs, este artículo -introducido precisamente por Junts pel Sí y la CUP en 2017 en una reforma del reglamento para amparar el referéndum unilateral del 1 de octubre- «debería estar retirado del reglamento», porque «vulnera derechos fundamentales», a la presunción de inocencia y al sufragio activo y pasivo.
Este artículo «infame» representa, a su juicio, una «anomalía democrática». «Me han aplicado un artículo que sabían que no me podían aplicar, para apartarme políticamente», ha denunciado Borràs, que ha acusado a ERC, CUP y PSC de actuar con «premeditación», antes de añadir: «Si hasta ahora aplicaban el derecho penal del enemigo, ahora aplican el reglamento del enemigo».
Tras su suspensión, se abre un periodo inédito y de enorme incertidumbre, en el que teóricamente la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, debe asumir las funciones que deja vacantes Borràs, al menos hasta que haya sentencia firme sobre su caso.
ERC ha ofrecido a sus socios que esas funciones delegadas recaigan no en Vergés, sino en alguien de JxCat, pero fuentes de la cúpula de Junts consultadas subrayan que no está previsto que asuman esta responsabilidad y se inclinan por dejarla en manos de Esquerra.
Antes de la reunión de la Mesa, Borràs se ha acercado a la concentración en su apoyo convocada a las puertas del Parlamento. También ha acudido para arroparla el expresidente catalán Quim Torra, que ha asegurado que la suspensión de Borràs deja al independentismo «muy tocado» y ha dado a entender que JxCat debería «reflexionar» sobre su salida del Gobierno catalán.
Fuente: EFE
