La propuesta de Escrivá de subir medio punto las cotizaciones no ha sentado nada bien en Podemos, ERC y EH Bildu
Una vez alcanzada una tregua sobre la reforma laboral, el acuerdo sobre las pensiones que debe cerrarse antes de que termine el año se vislumbra como el nuevo caballo de batalla dentro y fuera del Gobierno, ya que, mientras Podemos reivindica que no se pierda poder adquisitivo, algunos socios de Sánchez avisan de que no aceptarán recortes.
La última propuesta del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, de subir medio punto las cotizaciones que pagan empresarios y trabajadores durante un periodo de diez años para garantizar la sostenibilidad del sistema no ha caído nada bien ni en Unidas Podemos ni en los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, como ERC o EH Bildu.
Socios prioritarios, como el PNV, creen que podría ser un globo sonda para ver cómo respiran los partidos en el Congreso, que ya han reaccionado en contra, tanto a derecha como a izquierda.
En la formación morada están molestos por sacar a la luz un debate horas después de superarse el escollo sobre la derogación de la reforma laboral, y, mientras la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pide dejar trabajar al Diálogo Social el propio Escrivá intenta quitar hierro a una medida que sería transitoria.
Moncloa también calma las aguas señalando a Efe que no hay nada cerrado y queda mucho por negociar. Otras fuentes más cercanas al grupo socialista parlamentario también creen que la medida se podría desinflar y recuerdan que hay que «contentar a Bruselas».
«No vamos a aceptar recortes ni endurecimiento en las pensiones», advierten socios como EH Bildu, que dan estabilidad a la legislatura junto con ERC, cuya filosofía en materia de pensiones choca frontalmente con Escrivá al recordar que «las pensiones no son del Estado sino del trabajador».
Y al mismo tiempo que Gobierno, patronal y sindicatos ultiman esta reforma comprometida en el Plan de Recuperación, que se enviará a Bruselas, el Congreso sigue tramitando el proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones. Una ley que pivota sobre la vuelta a la revalorización de las pensiones según la inflación y que suprime el denominado factor de sostenibilidad aprobado en el año 2013.
Fuente: EFE.
