Los de Abascal insisten en que «actuarán en consecuencia» si el presidente Mañueco no cumple con el acuerdo
Las medidas antiabortistas que quiere implantar Vox en Castilla y León han abierto dos crisis, una en el seno del Gobierno de la Junta, tras las amenazas de la formación de Santiago Abascal por el incumplimiento del acuerdo de investidura que dicen las contempla, y una crisis institucional con La Moncloa, que ha interpuesto un requerimiento de incompetencia para proteger los derechos de las mujeres.
Lo que comenzó el pasado jueves con una rueda de prensa del vicepresidente del Gobierno de Castilla y León, Juan García-Gallardo, en la que anunciaba una serie de medidas «provida», como él las denominó, ha devenido en un lío de desmentidos, reafirmaciones y documentos fantasma que podría acabar en el Tribunal Constitucional y con la revisión del acuerdo para gobernar la Junta o incluso con una ruptura.
Las amenazas de Vox
En Vox insisten en que la formación evaluará el pacto de Gobierno con el PP en Castilla y León y «actuará en consecuencia» si el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no cumple con el acuerdo.
«Se revisarán las condiciones del pacto», ha dicho el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, tras puntualizar que ello no significa salir del Ejecutivo castellano-leonés pero sí «reevaluar» el pacto.
No obstante, horas antes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, había ido más allá al asegurar en una entrevista en La 2 y en Ràdio 4: «Si no se cumplen los acuerdos, tendremos que revisar si seguimos en el Gobierno».
Según Espinosa de los Monteros, lo que se hizo público el jueves fue «un protocolo de latido fetal para todas las mujeres embarazadas que quieran» y para «promover el acceso a una ecografía 4D a las gestantes». Ha señalado además que espera que ese protocolo se emita en las próximas horas o días.
Posible adelanto electoral
Mientras tanto, el presidente Mañueco anunciaba en su perfil de Twitter que enviará una carta a Sánchez en la que insiste en que «no habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción voluntaria del embarazo» y en que «no se obligará a nada ni a los facultativos ni a las mujeres».
Según informan varios medios, desde el entorno del presidente autonómico señalan que a pesar de no tener intención de romper con el partido de Santiago Abascal, si estos tensan la situación no se descarta la opción de adelantar las elecciones al próximo 28 de mayo y que coincidan con las municipales y las de otras regiones.
El requerimiento del Gobierno
Lo espera también el Gobierno para poder sustanciar el requerimiento de incompetencia dirigido al Gobierno de la Junta, como paso previo a un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, que ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros.
Una actuación defendida, en una conversación informal con periodistas en Davos (Suiza), por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque afirma que la administración castellano-leonesa no está siendo clara y vulnera una ley estatal como la de la interrupción voluntaria del embarazo.
La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha reconocido por su parte que las medidas anunciadas son todavía desconocidas y ha considerado «contradictorias» e «insuficientes» las explicaciones del presidente y el vicepresidente de la Junta.
Ante la duda de cómo se sustancia un recurso de esta naturaleza si no existe un documento por escrito, fuentes del Gobierno han señalado que el requerimiento se refiere a cualquier actuación, incluidas las constitutivas de vía de hecho, es decir aquellas que no hayan sido aprobadas o que consten en documento alguno pero que se hayan anunciado o exista una instrucción verbal.
Un recurso, han indicado las mismas fuentes, muy poco utilizado hasta el momento pero del que sí hay precedentes en el pasado, por ejemplo durante el «procés» o en un conflicto, también sobre sanidad, con el Gobierno vasco.
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El Constitucional y el recurso del PP
Precisamente se ha sabido este martes que este recurso saldrá a escena en el tribunal de garantías después de años, ya que su nuevo presidente, Cándido Conde-Pumpido, señalará el primer pleno de este órgano de febrero, los días 7,8 y 9, para estudiarlo.
Casi al mismo tiempo que Rodríguez censuraba el silencio de Feijóo durante estos días, el líder del PP señalaba en una entrevista en Telemadrid que daba por zanjada la polémica por las medidas antiabortistas, que no se implementarán, y ha defendido que el posicionamiento del vicepresidente de Vox no tiene «ningún interés» porque no tiene competencia en Sanidad.
Al ser preguntado sobre el amago de Vox de romper el Gobierno de coalición y sobre unas posibles elecciones, ha subrayado que quien convoca elecciones es el presidente autonómico. Estamos, ha reiterado, ante un «burdo intento de manipulación» por parte del Gobierno de Sánchez, al que ha acusado de actuar con un requerimiento «lamentable» y «gaseoso».
«Ni en Castilla y León ni en ningún lugar donde gobierne el PP se puede coaccionar a ninguna mujer que quiere interrumpir su embarazo conforme a la ley vigente», ha recalcado.
