La sesión se produce tras las masivas manifestaciones de policías y guardias civiles contra la misma
Las críticas a la reforma de la denominada ley mordaza -la Ley de Seguridad Ciudadana- se trasladan este miércoles de la calle al Congreso y el Gobierno tendrá que responder a las preguntas del PP y de Vox que le acusan de desproteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, a la que no asistirá el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por encontrarse de viaje oficial a Egipto, se produce con la resaca del debate de presupuestos y pocos días después de la manifestación convocada por los sindicatos de las fuerzas de seguridad del Estado contra la reforma de la ‘ley mordaza’ por considerar que les resta seguridad jurídica en sus actuaciones.
PP, Vox y Cs coinciden en que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana provoca indefensión y en el Pleno de este miércoles diputados populares y de la formación de Santiago Abascal volverán a pedir la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro preguntará al ministro por la desprotección a las fuerzas de seguridad del Estado, mientras que la diputada del PP Ana Belén Vázquez querrá saber si piensa rectificar tras las «masivas protestas» vividas el sábado. La oposición centra sus críticas en las enmiendas sobre la toma y difusión de imágenes a los agentes en la calle, sobre la veracidad de su testimonio, el material antidisturbios o el protocolo de identificaciones en dependencias policiales.
Pero la sesión de control al Gobierno también tiene lugar tras el debate de los presupuestos de 2022, ya enfilados en el Senado, y tras los últimos datos económicos; con una inflación del 5,6 % en noviembre y en máximos históricos desde los 90.
La portavoz del PP, Cuca Gamarra, preguntará a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, «por qué el Gobierno ha dejado a España en el vagón de cola de la recuperación después de haber sido el país europeo que más se hundió en 2020» y el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, querrá saber «cómo valora el incremento de la protesta social contra su política económica».
El debate también podría recrudecerse con la última sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir el 25 % de las clases en castellano en Cataluña y que los independentistas ven como un ataque.
La portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, instará a la ministra de Justicia, Pilar Llop, a explicar cómo aplicará el Ejecutivo esta sentencia «que contradice la ley Celaá en materia lingüística», mientras que PP y Ciudadanos preguntarán a la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, qué piensa hacer para que Generalitat cumpla con la ley y qué medidas va a tomar para garantizar los derechos de las familias catalanas a que sus hijos reciban una educación también en castellano. Vox por su parte ha registrado una interpelación para que el Gobierno explique cómo va a garantizar la enseñanza del castellano en todo el territorio nacional.
Todo esto sin olvidar la supuesta sexta ola de COVID-19 que llevará a los populares a preguntar a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, si tiene previsto «hacer algo útil para dar respuesta homogénea y uniforme en todo el territorio español». El PNV además le instará a que acelere el reconocimiento de la especialidad médica de enfermedades infecciosas.
Fuente: EFE
