El proyecto de ley madrileño defiende la vehicularidad del español, la educación especial, la concertada y la diferenciada
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley Maestra de Libertad Educativa para «garantizar» la libertad de elección de centro educativo en Madrid y «proteger» el modelo de enseñanza concertada y especial frente a la Lomloe estatal, conocida como ‘ley Celaá’.
El Consejo del Gobierno regional ha dado luz verde a la tramitación de esta ley para que su texto pueda ser remitido a la Asamblea de Madrid y dé comienzo el debate previo antes de su aprobación definitiva en el pleno del Parlamento autonómico. La idea es que la nueva norma pueda estar vigente para el inicio del próximo curso escolar 2021-2022.
Una enmienda a la totalidad a la ‘ley Celaá’
El texto que busca aprobar el Gobierno de Ayuso (para el que necesitará la abstención de Vox) es una oposición punto por punto a ley promulgada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Tal y como ha explicado este miércoles el portavoz del Gobierno madrileño, Enrique Ossorio, la Ley Maestra de Libertad Educativa empezará por devolver al español su condición de lengua vehicular, que ha perdido en la reforma de la ministra Celaá.
Asimismo, la ley de Ayuso quiere evitar «el vaciamiento» de los centros de educación especial que la Lomloe dibuja de aquí a los próximos años. Para el Ejecutivo autonómico, los padres deben poder escoger entre enviar a sus hijos a un centro ordinario, pero deben también tener la posibilidad de escolarizarlo en un ambiente «más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno», un entorno que, en opinión de la Consejería de Educación, está más garantizado en los centros especiales.
Precisamente sobre la capacidad de elección de los padres se asienta también la defensa que el proyecto de ley madrileño hace de la educación concertada y de la educación diferenciada por sexos. Sobre la primera, el texto protege el mantenimiento de concursos de suelo público para la construcción de centros de este tipo; mientras que para la segunda se garantiza la continuidad de este modelo educativo, que la ‘ley Celaá’ no admite.
Por último, ha explicado Ossorio, el proyecto de ley autonómico busca «fomentar la excelencia académica». Para ello, se realizarán pruebas externas de nivel en los centros educativos.
