jueves, marzo 28, 2024
jueves, marzo 28, 2024

La trampa de una mesa de diálogo con Cataluña

Ya el propio planteamiento, la misma formulación de una “mesa de diálogo con Cataluña”, es un ardid retórico, repleto de trampas demagógicas, en el que lo único que puede que tenga algo de verdadero es la palabra “mesa”. Una mesa en torno a la cual, se supone, se sentarán, dentro de una semana, representantes del actual Gobierno de España, presumiblemente con Pedro Sánchez a la cabeza, y el presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonés, que preside un organismo administrativo de una región de España como es Cataluña.

La primera trampa está en la fórmula “con Cataluña”, como si la Generalidad fuese un órgano
representativo de una soberanía, la catalana, que pudiera tratar de tú a tú a la soberanía española, representada, en su caso, por el Gobierno de España. Sin embargo, la Generalidad ni representa ni puede representar ninguna soberanía catalana por la sencilla razón de que esta no existe. Una región, como es el caso de Cataluña, nunca es soberana por definición, sino que participa, como otras partes regionales, de la soberanía nacional española (España es soberana y de esta soberanía participan, claro, todas sus partes regionales).

En la mesa no se sienta, pues, “Cataluña”, a un lado, como si fuera un todo nacional (soberano) que tuviera enfrente otro todo nacional, España, cuando Cataluña es una parte de España, como lo pueda ser Murcia o Galicia (y es que tan representativo de Cataluña es el Gobierno de España, si no más, como el “gobierno” de la Generalidad, que no es sino un organismo administrativo regional). De tal modo que disociar Cataluña de España, como si fueran dos entidades distintas y enterizas, y con un mismo rango y dignidad “nacionales”, es la pretensión escenográfica del separatismo, que logra, al conseguir que el gobierno de España la acepte, una primera victoria retórica, a saber, colar el trampantojo de que “Cataluña” es la que está al otro lado de la mesa. Es más, la cosa es más grave porque, en realidad, fue el propio Gobierno, por oportunismo electoral, quien llevó la iniciativa en el planteamiento de esta mesa.

Pero, sin embargo, lo que está al otro lado de la mesa no es Cataluña, ni mucho menos, ni siquiera la Generalidad (como organismo administrativo regional), sino el separatismo catalán que, con el mero planteamiento de un “mesa de diálogo” en tales términos, simulando la disociación entre Cataluña y España, está tratando de chantajear al gobierno con la amenaza de separación. De hecho, en la escenografía, insisto, ya se parte virtualmente de una separación. Un chantaje que el gobierno de España acepta al aceptar sentarse ahí.

Porque, ¿qué es lo que hay que dialogar?, ¿cuál es el objeto de la negociación?, ¿qué tienen que ofrecer uno y otro? El Gobierno de España no tiene ningún poder (y menos aún la Generalidad) para autorizar la fragmentación territorial de España, ni para poner en cuestión la soberanía nacional española. Es más, todos los poderes del estado, incluyendo el del gobierno y el de la Generalidad “emanan” del pueblo español, en donde “reside” la soberanía nacional, de tal modo que ninguno de los que se sientan en esa mesa pueden negociar con aquello que les legitima como poder del estado.

Ni la Generalidad está autorizada para pedir lo que pida, si ello significa la fragmentación del territorio nacional y la puesta en cuestión de la soberanía, ni el gobierno está autorizado a concederlo. El gobierno no es dueño del territorio nacional para poder negociar con él en una mesa con los separatistas catalanes.

Ninguno de los negociadores tiene capacidad para conceder nada de lo que se supone se le pide desde el otro lado de la mesa: ni el separatismo catalán puede disponer de Cataluña, como su fuera suya o la representase en algún sentido, ni el gobierno puede negociar con nadie la fragmentación territorial de España.


En ese sentido, dado estos supuestos, sentarse en esa mesa, el mero planteamiento de una mesa, ya es una afrenta y una amenaza a la integridad de la nación española. Y es que cualquier referéndum en el que sólo una parte decida respecto de algo que concierne al todo nacional implica, necesariamente, para poder ser convocado, un acto previo de sedición separatista. Es decir, la decisión de que sólo una parte de la nación va a decidir sobre algo que afecta al todo, es una decisión sediciosa separatista en sí misma, y si el Gobierno de España la tomara, concediendo dicho referéndum, estaría atentando contra la integridad del territorio nacional y su soberanía, es decir, contra aquello que lo legitima como gobierno.

La mera convocatoria del referéndum sería, ya, un acto de sedición separatista. Con el separatismo no hay nada que negociar porque ningún gobierno, ni ningún poder del estado, puede disponer de la nación española como para andar cediendo, regalando o vendiendo partes suyas ante nadie.

En definitiva, la “mesa de diálogo” es una mesa-trampa cuyo mero planteamiento ya es una amenaza para la nación española. Con el agravante, además, del componente de engaño, queriendo aparecer, de cara al electorado, como un gobierno dispuesto al buenrollismo dialogante, frente a la presunta rigidez de “la derecha y la extrema derecha” con “Cataluña”.

Relacionados

spot_img

Colaboradores