El documento recoge las protestas de varias organizaciones sobre las restricciones que, aseguran, impuso Pedro Sánchez a la libertad de información
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles que el informe elaborado en Estados Unidos, por el Departamento de Estado sobre derechos humanos, es el «último coletazo de Trump».
El informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado de EE.UU, publicado ayer, recoge quejas de varias organizaciones sobre las restricciones que aseguran que ha impuesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la libertad de prensa.
«No es ni un informe ni una amonestación», ha asegurado la vicepresidenta primera en declaraciones a los medios tras asistir junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la toma de posesión de Mercedes González como nueva delegada del Gobierno en Madrid.
Calvo considera que «ningún país puede decirle a una democracia como la española cómo funcionan nuestras libertades y en este caso nuestra libertad de expresión y nuestros medios de comunicación».
«Niego la mayor y particularmente niego que la administración Trump le pueda decir nada a un país como el nuestro y mucho menos a la libertad y a la dignidad de los medios de comunicación», ha recalcado.
También el ministro de Interior ha sostenido ante los periodistas que en España el derecho a la información es un «elemento base» del estado de derecho que «no admite discusión».
El documento del Departamento de Estado estadounidense recoge que el 1 de marzo de 2020 Sánchez acusó a los medios «conservadores» de «agitar a la sociedad» siempre que pierden unas elecciones; y que ese mismo día el vicepresidente, Pablo Iglesias, dijo que los medios críticos con el Gobierno habían «ofendido la dignidad del periodismo».
También en marzo, según plasma el documento, Iglesias amenazó con enviar a un periodista a prisión por publicar información comprometedora sobre su partido, especialmente en lo relativo a su financiación. Esos comentarios fueron inmediatamente condenados por Asociación de la Prensa de Madrid, recoge el Departamento de Estado.
El informe contiene un capítulo de cada país del mundo y en el de España afirma que no hubo información sobre violaciones significativas de derechos humanos y que «el Gobierno tenía mecanismos en marcha para identificar y castigar a los funcionarios que cometían violaciones de derechos humanos o cometían actos de corrupción».
