Las rebajas de penas a agresores sexuales repetirán como principal tema a achacar al Gobierno en una nueva sesión de control
La oposición vuelve a la carga esta semana con la ley del sólo sí es sí, de manera que el presidente del Gobierno tendrá que afrontar otra sesión de control centrada en las críticas por las rebajas de penas a agresores sexuales que se ha producido en algunos casos y que el PSOE se ha propuesto atajar.
Además, el martes, la Mesa del Congreso tendrá que calificar la proposición de ley que los socialistas registraron por su cuenta el lunes pasado planteando introducir la violencia y la intimación como un subtipo agravado y retocar algunas penas, lo que ha provocado un nuevo choque con sus socios de Unidas Podemos.
El miércoles, en la sesión de control, Pedro Sánchez tendrá que responder a preguntas del PP y Ciudadanos relacionadas con esta ley y a otra de Junts sobre la crisis con Cataluña bajo el paraguas de los «abusos de poder» que los independentistas creen que cometen las instituciones del Estado.
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La ministra de Igualdad, Irene Montero, impulsora de la ley del sólo sí es sí y que ha advertido a la parte socialista del Ejecutivo que no va a tolerar que se suprima el consentimiento del Código Penal, también tiene su papel en este Pleno con una pregunta del PP sobre si va a paralizar la ley trans para que no ocurra lo mismo con la aplicación de la ley del sólo sí es sí. También Montero tendrá que dar explicaciones por esta ley en una interpelación de uno de los diputados expulsados de UPN, y aparte el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, deberá explicar a Vox por qué «ocultó», según este partido, que esta ley beneficiaría a los delincuentes sexuales.
La fiscalización de la oposición al Gobierno aborda otras cuestiones económicas, sobre todo relacionadas con la elevada inflación, y por esto le pide explicaciones el PP a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, en concreto por la mayor caída de la renta disponible de las familias desde 2019. EH Bildu quiere saber si el código de buenas prácticas bancarias está siendo eficaz, y Vox le pedirá a Calviño que aclare si comparte la idea de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de que los empresarios «son usureros y codiciosos».
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A la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el PP le va a reclamar los datos de los fijos discontinuos que no están trabajando y Vox le va interrogar por el aumento de los despidos en un 68 % tras la entrada en vigor de la reforma laboral. La polémica por el problema técnico que ha habido en el diseño de los trenes de cercanías de Cantabria y Asturias llega al pleno con una pregunta del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
Otras cuestiones que se abordarán en el control tienen que ver con la ley de memoria democrática, como planteará ERC a Bolaños, o si se va a aplazar el impuesto sobre el plástico no reutilizable para no penalizar más la subida de los alimentos, un tema sobre el que el PP preguntará a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. El PP también preguntará al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, si piensa dimitir tras la reprobación del Congreso, el pasado día 8, por su gestión de la tragedia ocurrida el 24 de junio del año pasado en la valla de Melilla, donde murieron al menos 23 migrantes al intentar entrar en España.
La sesión de control incluye también otras cuatro interpelaciones: una de ERC relativa a las indemnizaciones por los despidos improcedentes; otra de Cs por los retrasos en la ejecución de los fondos europeos; una tercera del PP sobre la administración de justicia y la última de Vox relativa al 1-O.
Se debaten además tres mociones, entre ellas una del PP por las deficiencias de la Seguridad Social en su servicio de atención al ciudadano, otra del PRC que se refiere a la ganadería extensiva y a la eliminación de los purines y la tercera de Vox, que pone el foco en la necesidad de acceder al agua en condiciones de igualdad.
Fuente: EFE
