El decreto del presidente de Brasil buscaba garantizar «la libertad de expresión» en las redes sociales
El presidente del Senado brasileño, Rodrigo Pacheco, rechazó este martes por inconstitucional el decreto firmado una semana atrás por el presidente Jair Bolsonaro mediante el cual prohibía a las redes sociales la «remoción arbitraria» de contenidos, con lo que dificultaba el combate a las «fake news».
La devolución del decreto ejecutivo al Palacio presidencial de Planalto fue anunciada por el máximo líder del Senado durante la sesión plenaria de este martes, en la que aseguró que «la mera tramitación de la medida (…) ya es un factor que atenta contra el desempeño de la misión constitucional del Congreso Nacional».
El decreto, que tenía 60 días para ser analizado en el Congreso, fue rechazado por la Cámara alta tan solo una semana después de que fuera sancionado por el líder para garantizar la «libertad de expresión en las redes sociales».
La medida perdió vigencia inmediata
Con la decisión, la medida perdió la vigencia inmediata que le otorgaba su publicación en el Diario Oficial y que, para este caso, solo duró ocho días.
El decreto ejecutivo buscaba acabar con las remociones «arbitrarias» de contenidos y perfiles de las redes sociales, hechos de los que ha sido objeto hasta el mismo Bolsonaro, que ya ha tenido publicaciones retiradas de internet por contener falsedades.
El decreto pretendía que la retirada de contenidos de las redes sociales solo se diera bajo «justa causa» y que los usuarios afectados pudieran ejercer una «amplia defensa» antes de que cualquier decisión fuera tomada.
Según el Gobierno, la remoción de contenidos decidida solo por las redes sociales perjudica «el debate público de ideas y el ejercicio de la ciudadanía», por lo que se configuraba en «una violación en masa de derechos y garantías fundamentales».
En el documento encaminado a Bolsonaro, el presidente del Senado señaló que el decreto promueve «cambios inesperados» en el marco regulador de la Internet en Brasil que dan paso a una «considerable inseguridad jurídica», una premisa que ya había sido advertida por el Procurador General de la Nación, Augusto Aras, quien solicitó el lunes a la Corte Suprema la suspensión de la medida.
Fuente: EFE
