La decisión de la juez responde a una denuncia formulada por el Sindicato Manos Limpias y, según han señalado fuentes jurídicas, se enmarca en una fase muy inicial
La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha incoado diligencias previas contra el entonces presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora y los miembros del Consejo de Administración del holding público en relación con una presunta malversación en la tramitación de la ayuda pública recibida por la compañía aérea Plus Ultra. Por el momento ha reclamado a la sociedad el expediente tramitado para la concesión de esta ayuda.
La decisión de la juez responde a una denuncia formulada por el Sindicato Manos Limpias y, según han señalado este miércoles fuentes jurídicas, se enmarca en una fase muy inicial del procedimiento. La juez ha solicitado documentación con relación a la citada denuncia, sin que haya llamado aún a nadie a declarar en calidad de investigado ni testigo.
En su resolución, la magistrada da parte de la incoacción de diligencias al Ministerio Fiscal, al propio Toro y al resto de miembros del consejo de administración de SEPI «que deberán ser identificados». Contra su decisión cabe recurso en los próximos tres días.
Fuentes cercanas al Consejo Gestor que gobierna el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas consultadas por Europa Press expresan una disposición plena a colaborar con la Justicia y, por tanto, a actuar con la máxima transparencia y rigor ante posibles requerimientos orientados a esclarecer cualquier tipo de dudas que puedan suscitarse en relación con este procedimiento.
Según estas fuentes, las ayudas a la compañía cumplen todos los requisitos de elegibilidad, y las condiciones están establecidas en la orden ministerial que regula el acceso al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
Las mismas fuentes indican que se trata de una ayuda amparada por la normativa comunitaria y en ningún caso se trata de una subvención a fondo perdido. Así, Plus Ultra se ha comprometido a devolver los préstamos recibidos, que se ajustan a lo previsto en la normativa comunitaria para ayudar a las empresas españolas que están sufriendo los efectos del Covid-19. Una Comisión de Seguimiento garantizará el reembolso de las ayudas concedidas a esta línea aérea.
Polémico rescate
El polémico rescate de la aerolínea se hizo a través del reparto de ayudas estatales ante la pandemia, pero solo para actividades viables y estratégicas, unos requisitos que no cumple Plus Ultra, aunque así lo justificó el Ejecutivo. La actividad de dicha aerolínea es marginal: representó tan solo el 0,03 por ciento del tráfico aéreo en España en el año 2019.
La duda es por qué no se ha hecho con otras compañías aéreas de mayor calado y tráfico en nuestro país o por qué se le concedió a esta aerolínea una ayuda directa que le fue denegada por entidades financieras. El ministerio de Hacienda aseguraba que la compañía empleaba a 345 trabajadores directos, y que los puestos de trabajo indirectos generados por su actividad eran superiores a los 2.500 empleos. Sin embargo, en las cuentas de 2019 la empresa declaraba una media de 268 trabajadores a lo largo del ejercicio.
Plus Ultra cuenta en la actualidad con un único avión y solo ha realizado dos operaciones en lo que llevamos de año. Por otro lado, el 47 por ciento del capital de la empresa está en manos venezolanas y tiene conexiones con el régimen de Nicolás Maduro. Hay incluso socios de esta empresa que están siendo investigados en Estados Unidos por blanqueo de capitales.
Por su parte, José Luis Ábalos se ha querido desvincular de este asunto. «El Ministerio no ha tenido nada que ver», aseguró el ministro de Transportes y defendió que el rescate se aprobó con «todos los requisitos legales. Han sido varios partidos de la oposición los que han trasmitido sus dudas por la operación y asegurado que es una aerolínea «vinculada al chavismo».
La portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, había pedido ya el apoyo del resto de grupos para investigar una operación que, a su juicio, tiene más de «vínculo» entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el del venezolano Nicolás Maduro, que de «estratégica» para España.
