El nuevo perito deberá indagar sobre si Plus Ultra era una empresa estratégica y sobre su situación financiera antes de la pandemia
La juez que investiga la ayuda pública que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra, una subvención que la magistrada puso en suspenso este jueves, ha puesto el foco sobre el proceso que llevó a esa concesión por valor de 53 millones de euros.
En concreto la juez Esperanza Collazos ha puesto en duda los informes con los que el Gobierno justificó la necesidad del rescate a Plus Ultra, dos de ellos elaborados por el Ministerio de Transportes (entonces dirigido por José Luis Ábalos), y los otros dos por las consultoras DC Advisory y Deloitte.
Según adelanta el diario El Mundo, es por eso que la magistrada ha ordenado que un perito independiente redacte un nuevo informe para evaluar la idoneidad de la ayuda a la aerolínea.
Entre otras cosas, la juez quiere saber si Plus Ultra cumplía los requisitos del Fondo de Apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. El Gobierno defiende que sí, que la aerolínea era una empresa estratégica, a pesar de que opera menos del 1% de los vuelos en España.
Otro de los puntos clave que deberá evaluar el nuevo perito es si a Plus Ultra se le concedió una ayuda estando en dificultades financieras antes de la pandemia, lo que iría en contra del derecho europeo. El informe de la consultora DC Advisory así lo señalaba, no obstante, en 2019 Plus Ultra estuvo cerca de quebrar.
La Fiscalía apoya el encargo de este informe independiente para dilucidar si miembros del Gobierno pudieron cometer malversación y fraude en subvenciones.
