El Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia sostiene que el PSOE financió irregularmente sus campañas electorales, señalando a José María Cataluña como pieza clave
Tras la confesión del ex gerente del PSOE valenciano, Francisco Martínez Rico, sobre la financiación ilegal de las campañas del partido, se ha sabido que la juez que instruye el caso Azud sostiene que el histórico tesorero del PSOE de Valencia, José María Cataluña, se ha dedicado a «obtener favores de la Administración» presidida por el socialista Ximo Puig.
Según un auto dictado el pasado 2 de diciembre y al que ha tenido acceso El Mundo, la juez señala que Cataluña habría cobrado «sobornos» durante las últimas décadas, quedándose una parte y escondiendo en sobres pruebas de las transacciones en el dormitorio de su domicilio.
Así, el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia sostiene que el PSOE financió irregularmente sus campañas electorales, señalando como pieza clave a José María Cataluña, que a pesar de haberse desvinculado de la secretaría del PSOE en 2004, seguía obteniendo beneficios.
Sobre los contratos otorgados por la empresa estatal Acuamed durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, la jueza apunta que Cataluña «habría cobrado para él parte de los sobornos acordados como consecuencia de las adjudicaciones predeterminadas de obras públicas relacionadas con empresas públicas de titularidad estatal en el ámbito del Gobierno nacional, habiendo obtenido la mayoría necesaria para gobernar el partido socialista«.
Asimismo la instructora apunta que Cataluña habría gestionado en 2019 «una entrevista con los máximos responsables de la Agencia Tributaria valenciana» en favor del empresario Enrique Gimeno con el objetivo de solventar un expediente que tenía abierto y que «finalmente acabó en conformidad». Demostrando así la operativa de Cataluña «para obtener favores frente a la Administración gobernada por el PSOE» en la etapa de Ximo Puig.
Comisiones ilegales a cargos públicos
La juez, en su auto, afirma que se habrían realizado «comisiones ilegales a diferentes cargos públicos con el objetivo de obtener decisiones favorables a sus intereses económicos» por parte del grupo Axis, propiedad del empresario Jaime Febrer. Como por ejemplo, la operación urbanística de El Espartal en el municipio alicantino de Jijona, donde se proyectaron 5.000 viviendas y un campo de golf.
En la citada operación, el empresario Febrer junto al abogado José Luis Vera, vinculado estrechamente con el PSOE de Valencia, «pactaron una comisión que ascendería a dos millones de euros», de los cuales «un millón sería para el PSOE». La juez añade en su auto otros ejemplos de empresas de las que habrían recibido «pagos y comisiones».
Fue el exgerente del PSOE valenciano, Francisco Martínez Rico, quien confesó ante la Guardia Civil dichas prácticas y la financiación irregular de las campañas electorales.
