El Gobierno catalán ha mostrado su intención de «aspirar y trabajar para conseguir una soberanía fiscal plena» en la región y así «atender las necesidades de la población de Cataluña»
El gobierno de la Generalidad de Cataluña ha enviado al Ministerio de Hacienda un documento de alegaciones en el que rechaza su propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica, presentada a las comunidades en diciembre.
El Gobierno catalán entra así en el debate sobre la reforma del modelo de financiación, si bien en su documento de diez páginas, avanzado por diversos medios, aclara que, en realidad, «aspira y trabaja para conseguir una soberanía fiscal plena» de Cataluña.
El documento, impulsado por la conselleria que dirige Jaume Giró y titulado «Observaciones al informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de la población ajustada», es la respuesta catalana a la propuesta que el Ministerio de Hacienda trasladó en diciembre a las comunidades autónomas como base para renovar el sistema de financiación autonómica, que lleva años caducado. «El Govern de Cataluña no renuncia a la legítima aspiración de alcanzar la soberanía fiscal plena y atender, así, a las necesidades de la población de Cataluña», señala en el apartado de conclusiones.
No obstante, añade, «mientras no se alcance dicho objetivo, el Gobierno de Cataluña considera que debe atender a la solicitud de expresar su opinión sobre las propuestas relacionadas con el modelo de financiación impulsadas por el Gobierno del Estado». Además, recuerda que «los modelos de financiación de países federales de referencia tienen en cuenta el equilibrio vertical en cuanto al reparto de ingresos entre niveles de administración», un equilibrio que «se ha roto en los últimos años, ya que el peso de los ingresos sobre el total ha ido creciendo en la Administración Central en detrimento de las comunidades autónomas».
«Tampoco se cumple con los principios federales de capacidad de decisión sobre ingresos y gastos de los gobiernos subcentrales, por cuanto el elevado nivel de desarrollo de la legislación básica sobre materias que son competencia de las comunidades autónomas restringe sobremanera la capacidad de decisión de estas», denuncia.
El Gobierno catalán alega que las bases planteadas por Hacienda no son una propuesta de nuevo modelo, sino que solo abordan la parte relativa a los gastos. Y la propuesta sobre esa parte, según la Generalidad, no es adecuada, ya que introduce variables correctivas «poco robustas técnicamente» y «deja fuera otras que pueden tener una relación directa con las necesidades». Asimismo argumentan que el criterio de población ajustada no se adecua a la realidad de Cataluña, defiende tomar en consideración elementos como el coste de la vida y asegura que la cuestión de la despoblación debería ser abordada «fuera del modelo de financiación, mediante políticas públicas».
Fuente: EFE
