Manuel Merino y varios miembros de su fugaz Gobierno, del 10 al 15 de noviembre, serán investigados de manera preliminar por la comisión de delitos en el contexto de violación a los derechos humanos, según informó este lunes la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
En un comunicado, la máxima responsable del Ministerio Público anunció que Merino, expresidente de la República y congresista; su primer ministro aún en funciones, Ántero Flores-Aráoz, y el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, también en funciones, serán investigados por los delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso, lesiones leves y graves y desaparición forzada.
Estos delitos, según la tesis fiscal, se habrían cometido en un contexto de acciones para violar los derechos humanos, lo que según la ley peruana constituye un agravante que entre otras cosas impide la prescripción de los delitos.
También abre la posibilidad de establecer una «cadena de mando» en la represión que causó las muertes, habilitando una condena al expresidente o sus ministros si se demuestra que hubo órdenes para la represión u omisiones para prevenirla.
La investigación abordará la brutal represión dirigida por el Gobierno de Merino a las movilizaciones ciudadanas que se sucedieron de forma ininterrumpida desde que el lunes asumiera la presidencia hasta el domingo, cuando el exmandatario anunció su renuncia incapaz de resistir la presión de las calles, su pérdida de apoyos políticos y la virtual disolución de su gabinete ministerial.
Esa represión de las protestas dejaron a dos jóvenes asesinados por un disparo de un arma de fuego. Los estudiantes universitarios Jack Pintado, de 22 años, e Inti Sotelo, de 24 años, casi un centenar de heridos y decenas de desaparecidos, cuyo destino aún mantiene en vilo a la sociedad peruana pese a que muchos de ellos ya comienzan a revelar su paradero, libres de daño.
Aún así, organismos de defensa de los derechos humanos informan de que hasta seis jóvenes que se manifestaron el sábado en el centro de Lima aún no han sido ubicados y nadie sabe en dónde están.
«La Fiscalía de la Nación renueva el compromiso de garantizar los derechos ciudadanos y en poner nuestro máximo esfuerzo para que los graves hechos sean esclarecidos y sancionados», afirmó Ávalos en su comunicado.
