El Ministerio Público concluye en sus alegaciones que «no está debidamente acreditado» que la expulsión de los 9 diputados de Adelante «cause un perjuicio irreparable a los recurrentes»
La Fiscalía del Tribunal Constitucional (TC) se opone a la medida cautelar de suspender la expulsión de Teresa Rodríguez y los otros 7 diputados del grupo Adelante Andalucía adoptada por la Mesa del Parlamento andaluz a propuesta de Podemos e IU.
La Fiscalía argumenta en su escrito de posicionamiento en esta causa que la suspensión solicitada por los diputados expulsados supondría «anticipar el examen y la resolución de la cuestión de fondo», es decir «la ausencia de su regulación» en el Reglamento del Parlamento para adoptar la medida.
En el escrito con fecha 19 de mayo, la Fiscalía considera que en las medidas cautelares que reclaman Rodríguez y el resto de los diputados afines (ahora no adscritos) sobre su expulsión «no aparece debidamente acreditado que la efectividad de los acuerdos del Parlamento de Andalucía cause a los recurrentes un perjuicio irreparable».
Respeto a la vulneración de sus derechos como parlamentarios por su consideración de no adscritos apunta que «afectan, primordialmente, al número de iniciativas parlamentarias que les son atribuidas».
Esta «aparente merma no implica que los diputados recurrentes no pueden ejercer la función parlamentaria, y en particular, sus derechos de voto en la Cámara», agrega.
La Fiscalía estima que «no corresponde», durante la evaluación de los efectos de la medida cautelar de suspender la expulsión de los parlamentarios de un grupo, «entrar en el examen anticipado de la cuestión de fondo».
Teresa Rodríguez fue expulsada del grupo parlamentario que presidía en noviembre pasado por decisión de la Mesa del Parlamento de Andalucía y con los votos PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía en aplicación del pacto antitranfuguismo acordado a nivel nacional.
Casi medio año después el Parlamento ha reformado su reglamento interno para adaptarlo a los criterios de la expulsión Teresa Rodríguez y los otros siete diputados.
Esta decisión deberán resolverla los jueces del TC después de admitir a trámite el recurso de amparo que presentaron los parlamentarios afectados.
