El fiscal considera que la investigación practicada permite descartar la existencia de conductas penalmente relevantes
La Fiscalía Anticorrupción ha archivado las diligencias de investigación que abrió para dilucidar si hubo delito en el contrato para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia en China que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con un hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y por el que habría cobrado 55.000 euros.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha adoptado esta decisión en un decreto en el que señala que la investigación practicada permite descartar la existencia de conductas penalmente relevantes en ese proceso de adquisición de mascarillas y en el que destaca que Ayuso «no ha intervenido en el procedimiento» porque el Consejo de Gobierno «no es un órgano de contratación en la Comunidad de Madrid».
Archiva por tanto la investigación en lo que se refiere a los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad, si bien no se pronuncia sobre posibles delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la UE y cohecho, «en escrupuloso respeto» de las competencias de la Fiscalía Europea, que mantiene abiertas sus pesquisas.
En plena crisis interna del PP que acabó con la salida de Pablo Casado de su dirección, los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) denunciaron ante Anticorrupción la contratación de emergencia realizada por la Consejería madrileña de Sanidad el 1 de abril de 2020 para la compra de 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros a Priviet, en la que supuestamente habría intermediado el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso.
Cuatro meses después, la Fiscalía no sólo no ve indicios de delito en el contrato, sino que afirma que la «hipótesis delictiva» planteada por los denunciantes respecto a la presidenta regional «se fundamentaba en una secuencia de hechos» de la que «no se deducían indicios razonablemente verosímiles ni de la realización del hecho investigado, ni de su carácter delictivo» ni de su «responsabilidad».
Y tampoco ve el fiscal indicios de delito en relación al hermano de Ayuso, quien, en su declaración del pasado 6 de abril, ofreció «una explicación coherente sobre su intervención» en la venta de mascarillas, un relato que «no queda ensombrecido por las hipótesis» de los denunciantes, que «no han superado el umbral de las meras sospechas o conjeturas» ni «permiten avanzar» en «una tesis inculpatoria».
Luzón ve «transparente» el proceso de «facturación, el pago y el cobro de la comisión», fruto de su «trabajo» para Priviet, que consistía en «añadir valor al proceso comercial de esta empresa», y descarta que haya indicios de que intentase «conseguir» de la Comunidad de Madrid «un trato de favor» para la citada empresa o que facilitase «algún contacto con funcionarios públicos».
Fuente: EFE.
