Se han rechazado tanto los vetos de PP, Vox, Junts, Ciudadanos y UPN como todas las enmiendas registradas a la proposición de ley, que llegará al pleno el jueves
La Comisión de Justicia del Senado ha dado este martes luz verde al dictamen de la ley que deroga la sedición y rebaja las penas por malversación, una iniciativa de la que, por decisión del Constitucional, se ha eliminado la reforma con la que la coalición de gobierno buscaba renovar ese tribunal. El auto dictado por el Constitucional a petición del PP ha obligado al Senado a tramitar la iniciativa recortada y ha dado la vuelta al debate, dominado por las críticas de la mayoría parlamentaria a lo que considera una grave interferencia de los magistrados en el poder legislativo.
Por mayoría, la Comisión de Justicia ha rechazado los cinco vetos presentados -por PP, Vox, Junts, Ciudadanos y UPN- y todas las enmiendas registradas a la proposición de ley, que llegará al pleno el jueves. El dictamen de la iniciativa, que convierte la sedición en un delito agravado de desórdenes públicos, con una pena máxima de 5 años frente a los 15 del actual Código Penal; y rebaja a un máximo de 4 años la cárcel para la malversación sin ánimo de lucro, ha recibido 16 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones.
El portavoz socialista, José María Oleaga, ha centrado su discurso en la resolución del Constitucional, un «atentado contra la democracia parlamentaria» sin haber escuchado ni al Congreso ni al Senado. Oleaga, que ha recordado que en el origen de todo esta crisis está el bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha mostrado convencido de que «la democracia prevalecerá», porque los demócratas están más unidos que nunca para revertir esta situación.
Por su parte, el portavoz del PP, Fernando de Rosa, sobre los ataques a los jueces y al Constitucional, ha reivindicado la supremacía de ese tribunal como garante de la interpretación de la ley y ha dejado claro que los populares acudirán todas las instancias posibles para defender sus derechos, también a Bruselas: «No debemos volver a la ley de calle», ha manifestado.
De Rosa ha considerado que la reforma del Código Penal es una proposición «arbitraria» para continuar en el poder, y ha centrado sus críticas en la reforma de la malversación: «No se puede rebajar jamás la pena a los que utilizan el dinero público con una finalidad diferente a la marcada en la ley»; «No puede haber corrupción buena o mala».
Pero la mayoría de los portavoces se han centrado en la crisis institucional abierta. La senadora de ERC Laura Castel ha calificado el auto del Constitucional de «veto en toda regla» a una iniciativa parlamentaria. «El edificio está colapsando, estamos viviendo el fin de la reputación del Estado español», ha alertado. También el PNV ha arremetido contra la decisión del TC, usado por PP «sin escrúpulos» para derribar a la oposición política. «El PP lleva cavando mucho estas trincheras», ha criticado la senadora Estefanía Beltrán de Heredia antes de mostrar su apoyo a la reforma del Código Penal.
El veto de Junts, que rechaza esa reforma porque sigue criminalizando el 1-O, ha sido defendido por el senador Josep María Cervera, quien ha recalcado que fue la «política española» la que dio «barra libre a la cúpula judicial» para frenar el procés, una cúpula judicial que ahora ha «secuestrado la democracia». También ha sido rechazado el veto de UPN, que ha considerado que la decisión del Constitucional, aunque inédita, no era arbitraria y ha tachado la tramitación de la iniciativa legal de «auténtico atropello». «La Constitución no es palabra de Dios y el Tribunal Constitucional tampoco es infalible», ha advertido el senador de Geroa Bai, Koldo Martínez.
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Fuente: EFE
