Los socialistas se centran en que los expresidentes andaluces no han sido condenados por apropiación indebida pero omiten la malversación y la prevaricación
Once años después del estallido del caso de los ERE de Andalucía, la historia sobre la mayor trama de corrupción de la España democrática va llegando a su fin. Este martes, el Tribunal Supremo confirmó las penas a los expresidentes de la Junta implicados, seis años de cárcel para José Antonio Griñán y nueve de inhabilitación para Manuel Chaves.
Igual que la Gürtel precipitó en su día para el PP la caída de Mariano Rajoy, el fraude de las ayudas a los parados andaluces fue clave para que el PSOE perdiera el palacio de San Telmo en las elecciones autonómicas de diciembre de 2018. Un resultado que los andaluces han revalidado en los recientes comicios del 19 de junio, aupando al Partido Popular a la mayoría absoluta.
En vista de esto, la prioridad en estos momentos en Ferraz es que la confirmación de la condena por los ERE no se traduzca en un segundo peaje para los socialistas en las urnas, sobre todo en vistas del ciclo electoral de 2023, con comicios autonómicos, municipales y, en torno a final de año, generales. Para ello, el PSOE y el propio Gobierno de Pedro Sánchez han puesto en marcha una campaña para transmitir a la ciudadanía un mensaje claro y contundente: que ni Griñán ni Chaves se enriquecieron a raíz de la trama corrupta.
Defensa cerrada
Así lo han puesto de manifiesto numerosos dirigentes socialistas, empezando por el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, que defendió este martes la «honorabilidad» de los condenados. También la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, subrayó que «todos los pronunciamientos judiciales concluyen que no hubo enriquecimiento personal de los expresidentes». Preguntada por la posibilidad de que el Ejecutivo conceda un indulto a los condenados, particularmente a Griñán, la portavoz respondió con una calculada ambigüedad: «El trámite del indulto requiere de muchos trámites previos. Estamos avanzando pantallas, no conviene aventurarse en hipótesis».
Por su parte, la nueva portavoz del partido, Pilar Alegría, no dejó de insistir en la misma idea durante su primera rueda de prensa en el cargo. La también ministra de Educación reiteró que los dos expresidentes de la Junta no se llevaron «ni un sólo céntimo de euro» y que «pagan justos por pecadores».
Alegría, además, introdujo una idea a la que quieren dar vuelo desde Ferraz, la de separar la trama de los ERE de otros casos de corrupción que han afectado al PP, como la Gürtel o la Púnica, y en las que sí se cobraron comisiones ilegales. En este sentido, la portavoz socialista criticó la falta de «pudor» y de «prudencia» del presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, cuando este cargó contra los dos expresidentes andaluces e incidió en que Feijóo es el «único presidente de un partido en este país condenado por financiación ilegal y en ningún momento se le ha escuchado denunciarlo».
En esta estrategia discursiva ha entrado también el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que calcó las palabras de la portavoz del partido al recalcar que Griñán y Chaves «están pagando justos por pecadores» y no se llevaron «ni un céntimo de euro».
Existe delito a pesar de no haber lucro personal
De la hoja de ruta comunicativa que desde Ferraz y Moncloa se está siguiendo para lidiar con la sentencia de los ERE pueden decirse dos cosas: que no dice ninguna mentira y que no dice toda la verdad. En efecto, es absolutamente cierto que ninguna de las sentencias sobre la trama ha demostrado que Griñán y Chaves se lucraran personalmente a través del sistema fraudulento de ayudas a los parados.
No obstante, en ningún momento se les ha acusado de eso, es decir, de un delito de apropiación indebida. En cambio, los tipos penales por los que ambos expresidentes han sido culpados son la malversación de fondos públicos y la prevaricación. En el caso de la malversación, el Código Penal señala que serán castigados con penas de dos a seis años de cárcel quienes «teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado».
Especialmente interesante es la redacción del tipo penal de la prevaricación, que establece que serán culpables quienes tengan «conocimiento de la comisión de un delito» incluso aunque no hayan «intervenido en el mismo como autor o cómplice» y quienes auxilien a los autores «sin ánimo de lucro propio». A la espera de los detalles de la sentencia del Supremo, que se publicará íntegramente dentro de algunas semanas, estas son precisamente las actitudes que el Alto Tribunal parece reprochar a Griñán y Chaves.
A esto cabe añadir que, si bien los expresidentes de la Junta no se enriquecieron personalmente como consecuencia de la trama, sí está probado que la Junta desvió dinero público a familiares y amigos de políticos, así como a militantes del PSOE andaluz. En total, el sistema de reparto de ayudas malversó 680 millones de euros de dinero público.
