Tras la Guerra de la Independencia, reinaba en España una completa inestabilidad política que se extenderá entre todos los ámbitos del país, incluyendo, por tanto, al ámbito de la seguridad. El espionaje y la represión serán prácticas constantes en tiempos absolutistas.
El Ministerio de la Policía General de Pablo Arribas había desaparecido y los proyectos para su sustitución fracasaban. La contienda había provocado un vacío que Fernando VII debía rellenar a corto plazo y a nivel nacional. Ante esta situación, y para evitar prolongar durante mucho más tiempo los agujeros negros gubernamentales, el rey reestablecería, en agosto de 1814, el que fue el modelo policial militarista de su abuelo Carlos III. De esta manera, retornaría la operatividad de unidades militares suprimidas o enviadas al frente, además de crear un Ministerio de Seguridad Pública por medio de un reglamento provisional.
Mientras tanto, ese liberalismo tan perseguido y odiado por el monarca se reproducía a rápida velocidad de forma clandestina, sobre todo en ciertos sectores del Ejército, en donde muchos de esos liberales ocupaban altos mandos por su labor en la guerra. Esto provocó que se alzase un levantamiento militar el 1 de enero de 1820 protagonizado por el coronel Riego, el cual obligaría al rey a jurar la Constitución de 1812 y a convocar elecciones.
Obtenida la victoria por los liberales, comenzaba en España el llamado “Trienio Liberal” (1820-1823), periodo histórico en el que se trataría de suavizar la dureza del absolutismo de Fernando VII en todas sus expresiones. De este modo, en diciembre de 1822 las Cortes aprobarían un nuevo reglamento que nombraba a los alcaldes y a los regidores como responsables últimos de la garantía y conservación de la seguridad ciudadana, aunque con el auxilio del Ejército. Este régimen no sería visto con buenos ojos por Rusia, Austria, Prusia y Francia, los cuales suscribieron una Santa Alianza en 1815, por medio de la cual se comprometían a derribar todo aquel sistema liberal que se implementase y alterase el orden conservador. Por ello mismo, en abril de 1823 las tropas francesas entrarían a España y repondrían en el trono a Fernando VII ante la debilidad y la mala organización del ejército liberal.
De vuelta al poder, el rey veía más necesaria que nunca la creación de una institución sólida y potente de control social que dependiese directamente del poder real para evitar nuevas sublevaciones. Así, el 13 de enero de 1824 se inauguraba la Superintendencia General de la Policía del Reino, dirigida por un magistrado superior denominado “superintendente general” y complementada con otros cuerpos armados para el correcto desempeño de sus funciones.
Lo característico de esta nueva policía no era su nueva organización ni la propia novedad, sino su faceta política: se reforzaron los servicios secretos, orientándolos a la obtención de información y al espionaje político. A cargo de esta vigilancia estaba José Manuel del Regato, médico y periodista liberal que partió al exilio huyendo de la represión absolutista, trabajó como redactor en un diario liberal (La Abeja Madrileña) y fundó sociedades secretas. La razón por la que el rey nombró a un liberal nada más y nada menos que como máximo representante de la policía secreta de su reino fue porque a Regato no le suponía ningún problema mudar de convicciones con tal de adecuarse a las particularidades del momento y sobrevivir. Y eso es lo que hizo: vender sus servicios al monarca a cambio de su libertad.
El habilidoso espía se infiltraba en ambientes liberales para obtener la suficiente información que diese cuerda a la represión. Se ejecutaban diversas vigilancias y seguimientos a personalidades concretas que daban lugar a informes en donde la finura de la información era tal que abarcaba hasta las horas a las que salía o entraba el objetivo a su domicilio y el nombre y dirección de sus criados. Con todo, el método de espionaje más común fue la intercepción del correo, por medio del cual descubría las redes de colaboración entre liberales.
Los rigurosos y auténticos informes que Regato proporcionaba al rey les proporcionaron rápidamente su confianza, hasta el punto de que en abril de 1828 ya era jefe de la Alta Policía Reservada. En palabras de Pío Baroja, “así pudo (Regato) tener noticias de todos los círculos liberales, masónicos, comuneros, anilleros y carbonarios, conferenciar con sus hombres principales y dar informes auténticos al rey. Regato apareció siempre donde hubiese ruido, preparando la algazara y el alboroto, haciendo que los grupos liberales apareciesen como insensatos y absurdos”.
Parafraseando al historiador y policía nacional Jorge Ávila en su libro «Sangre Azul: Historia de la Policía Nacional», “la Superintendencia General de la Policía del Reino de 1824 no fue otra cosa que una policía política, erigida sobre la base de una policía secreta o Alta Policía. Su cometido principal fue mantener a flote el protagonismo político de la monarquía absoluta ante los envites liberales, y sus tan enarboladas atribuciones de seguridad ciudadana apenas supusieron un diez por ciento de su actividad total”.
Finalmente, la policía secreta de 1824 desaparecería siete años después de la muerte de Fernando VII en 1833, una vez Espartero, liberal progresista, llegó al poder. Afirmaba que, donde existe un Gobierno liberal, para nada se necesita policía secreta, aun cuando esté perfectamente constituida y organizada: deseará sin duda extinguirse este germen de vicios.
Estamos hablando, por tanto, de un modelo policial creado y dedicado por y para la persecución ideológica propia de la época de Fernando VII que, pese a la creencia generalizada a día de hoy, no fue, de ninguna manera, el origen de nuestra Policía Nacional actual.
