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IRPF e inflación: Sánchez y Ayuso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Hace aproximadamente un año, la Comunidad de Madrid adoptó la decisión de rebajar el IRPF que pagamos los madrileños mediante la reducción en medio punto porcentual del tipo autonómico aplicable en cada uno de los tramos de la base del impuesto. Fue una buena noticia bien recibida por la generalidad de los contribuyentes de Madrid que veíamos así aumentar nuestra renta disponible, profundizando la política que viene aplicando nuestro Gobierno regional. Además, la medida resulta especialmente atractiva para los individuos y familias de menor renta, pues la rebaja es proporcionalmente mayor en los tramos de menor renta. Así es, pues la reducción viene a ser de un 5% para los que tengan menos ingresos y del 1,2% para los que disfruten de ingresos más elevados. 

En cualquier caso, la decisión del ejecutivo madrileño contrasta con las adoptadas por el Gobierno de la nación, pues éste lleva aplicando subidas de impuestos desde que se constituyó y, además, proyecta seguir aplicándolas según se deduce del informe de sus expertos de cámara.

Pasado un año desde entonces, los españoles hemos visto resucitar el fantasma de la inflación, malhadada circunstancia que ha permitido un nuevo contraste entre las políticas tributarias de ambos Gobiernos, el nacional y el madrileño. Es así pues entre los varios males que provoca la subida del IPC, se encuentra el ilegítimo aumento de la carga fiscal que se nos exige en el IRPF a consecuencia del efecto “cambio de tramo” y “aumento del tipo de impositivo” que provoca el aumento solo monetario de nuestros ingresos. Ante lo anterior, lo razonable y lo honesto es adaptar la tarifa del IRPF a las subidas monetarias. A ello se ha negado el Gobierno español que ha optado por aprovechar el proceso inflacionista para provocar el enriquecimiento ilegítimo del Estado y el correlativo empobrecimiento injusto de los individuos. Es evidente, en un claro ejemplo de lo que constituye un abuso de los poderes públicos, Pedro Sánchez nos exige que paguemos una mayor proporción de IRPF sin que el valor real de nuestros ingresos haya aumentado.

Frente a semejante e ilegítima desfachatez de la política tributaria del Gobierno de Sánchez, la Comunidad de Madrid si que ha decidido eliminar el efecto perverso que provoca la inflación en el IRPF: Enriquecimiento de la Hacienda, empobrecimiento de los individuos. Para hacerlo, ha acordado indexar la tarifa autonómica del impuesto al aumento monetario de los ingresos, computado según la subida salarial media. Con ello, se evita que el incremento solo monetario de las rentas de un contribuyente le suponga un mayor sacrificio fiscal que, en definitiva, anule total o parcialmente el citado incremento.

Son las dos caras posibles de una Hacienda Pública. Una, la dirigida por Pedro Sánchez, dispuesta a aprovecharse del fenómeno inflacionista mediante el ejercicio de la arcaica práctica del Señoreaje enriqueciéndose ilegítimamente a costa del empobrecimiento de la población. Otra, la aplicada por Isabel Díaz Ayuso, que aplica las medidas oportunas para evitar lo anterior.

Tengamos claro que lo anterior no es sino una manifestación concreta  de lo que son también las dos posibles caras de entender la política. Una, la de Sánchez, en la que el poder se ejerce sin respetar los derechos de las personas: El Estado es todo, el individuo, nada. Otra, la de Ayuso, en la que el ejercicio del poder se entiende como un servicio al ciudadano y se entiende condicionado por el necesario respeto a los derechos individuales.

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