Casi coincidiendo en el tiempo, aunque un poco después, junto a la aprobación en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado sábado del segundo paquete anticrisis del Gobierno, hemos conocido el nuevo dato avanzado del IPC que ha proporcionado el INE. Según éste, a final de junio la inflación interanual asciende al 10,2%, el porcentaje más alto de los últimos cuarenta años, dato que ha provocado la incandescencia de las alarmas que estaban ya encendidas. Se añade así la inflación, y con considerable fuerza, a la relación de parámetros económicos que indican la extrema gravedad que asola a la economía española.
Es cierto que el proceso inflacionista está generalizado, pero no puede obviarse que en España lo estamos sufriendo con mayor intensidad que en los países de nuestro entorno. Así, la inflación interanual a finales de mayo -último dato que se dispone para la comparación- era del 8,7% en España, mientras que en Francia era del 5,2%, en Italia del 6,9%, o en Alemania del 7,9%. El diferencial negativo que tenemos obedece a varias causas, pero en buena medida responde a la orientación de las medidas económicas del Gobierno Sánchez, que se ha agostado en las medidas paliativas olvidándose de las terapéuticas.
Si una causa de la inflación es la subida de los precios de la energía, ¿por qué no se ha adoptado un plan de choque de ahorro energético? Recordemos que solo fue hace unos días cuando el Gobierno ha adoptado medidas -notablemente tibias- para reducir el consumo de energía en las oficinas públicas. Si otro elemento inflacionista es la expansión del gasto público, ¿por qué no se ha implementado un proceso de reducción de los gastos presupuestados? Constatemos que nada ha hecho el Gobierno en este sentido. Si el IVA sobre la electricidad presiona al alza el IPC, ¿por qué ha tardado tanto el Gobierno en reducir el tipo impositivo aplicable? Consideremos que la reducción fue propuesta hace tiempo por Núñez Feijóo y rechazada por Sánchez. En realidad, la única medida meritoria ha sido la llamada excepción ibérica, cuyos efectos serán reducidos según los expertos. En definitiva, el Gobierno se ha rendido ante la inflación.
Es verdad que la rendición va acompañada de un conjunto de medidas tendentes a amortiguar los efectos nocivos que la inflación provoca en las familias. Pero incluso las medidas de carácter paliativo adoptadas por el Gobierno están siendo limitadas. Solo a modo de ejemplo, la entrega de 200 € a aquellas personas cuya unidad de convivencia tenga ingresos inferiores a 14.000 €, patrimonio inferior a 43.000 €, no sean pensionistas, no reciban el Ingreso Mínimo Vital y no se encuentren en las listas de búsqueda de desempleo puede considerarse una broma, máxime teniendo en cuenta que las restrictivas condiciones impuestas para su percepción determinarán que vaya a existir un reducido número de perceptores.
Y en el sentido indicado, resulta execrable que el Gobierno se mantenga enrocado en la postura de no indexar el IRPF, pretendiendo ignorar que esa sería la medida paliativa más eficaz. Digo execrable porque no puede calificarse de otro modo la actuación al respecto del Gobierno que, cual Don Tancredo, permanece quieto e impasible mientras el Estado se está enriqueciendo ilegítimamente aprovechándose del empobrecimiento que la inflación provoca en los individuos.
Los datos de la recaudación tributaria referidos a 31 de mayo señalan que los ingresos del Estado están aumentando al 16%, porcentaje de incremento que en buena medida es causado por la inflación que sufre España y con ella el conjunto de españoles, salvo el Estado. ¿No es ese nivel de ingresos un beneficio caído del cielo? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no se reacciona como se pretende reaccionar en otros casos? Definitivamente, para este Gobierno y para los que le apoyan, el Estado lo es todo y el individuo no es nada.
