Se trata de los implicados en dos causas judiciales que investigan los gastos vinculados al referéndum independentista y los contratos a dedo para internacionalizar el procés respectivamente
21 excargos públicos de la Generalitat de Cataluña podrán beneficiarse de la reforma de la malversación planteada ahora por el Gobierno. Según ha constatado El País, antiguos miembros de ERC (12) y JxCat o PDeCAT (nueve) que están siendo investigados o esperan juicio por haber participado en el referéndum independentista del 1-O van a ver rebajadas sus penas en caso de condena ante la malversación producida sin ánimo de lucro.
Hay dos causas judiciales en el punto de mira, a raíz de las cuales se dilucidan los beneficiados. La primera es la que cerró en 2019 el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, cuya investigación se centra en los gastos vinculados al referéndum. Hay hasta 30 personas procesadas y 11 cargos de confianza nombrados en su mayoría por ERC se sentarán en el banquillo. Existe una causa gemela del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con otras tres personas (aforadas) procesadas.
Con la legislación actual sin modificar, las cantidades superiores a 250.000 euros (en la modalidad agravada de la malversación) van asociadas hasta a 12 años de prisión. La Fiscalía, que aún no se ha pronunciado, solicitó el procedimiento sumario para la causa, reservado a los delitos superiores a los nueve años de cárcel. No obstante, las causas judiciales por el procés no han acreditado la existencia de un beneficio personal para los implicados, por lo que la rebaja de penas se vislumbra en el horizonte: el acuerdo entre socialistas y republicanos hace que la malversación sin ánimo de lucro sea penada con entre uno y cuatro años de cárcel.
Lo que no está tan claro, según apuntan las fuentes consultadas por El País, es si los afectados podrán librarse de entrar en prisión. El grado máximo de cuatro años sí implicaría cárcel, pero parece que cada vez es más difícil que se llegue a ese extremo gracias a las circunstancias atenuantes de las que también se podrían beneficiar los implicados, como los retrasos del proceso.
El otro caso a tener en cuenta lo comanda el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona. Comenzó en 2021 y todavía se investiga, con una decena de personas incluidas en la causa por presuntos contratos a dedo que el Gobierno catalán firmó para internacionalizar el procés antes incluso de que tuviera lugar el 1-O. Como la querella inicial de la Fiscalía por un informe del Tribunal de Cuentas hacía referencia a delitos de prevaricación, malversación y falsedad, la reforma pactada ahora también le afectaría de lleno. Al hilo de este proceso judicial, aparece el nombre más conocido de entre los procesados por malversación que ahora pueden ser beneficiados: Raül Romeva, exconsejero catalán de Asuntos Exteriores ya condenado por el Supremo.
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