Esta decisión se toma después de analizar que Turquía reúne las condiciones de vida y de derechos humanos para que los ciudadanos no sufran discriminación
Grecia decretó este lunes que Turquía es un país seguro para devolver a refugiados sirios, afganos, somalíes, paquistaníes y bangladesíes, un hecho que ya estipulaba el pacto firmado entre Ankara y la UE en 2016, pero que el Gobierno griego decidió confirmar con un decreto para agilizar los retornos de los migrantes irregulares.
Según informó el ministerio de Migración en un comunicado, esta decisión se toma después de analizar que Turquía reúne las condiciones de vida y de derechos humanos para que los ciudadanos originarios de estos cinco países no sufran discriminación por su raza, religión, nacionalidad o clase social.
El ministro de Migración, Notis Mitarakis, aseguró que este decreto, firmado en común con el ministerio de Exteriores, pretende proteger el arsenal jurídico de Grecia contra las solicitudes de asilo y añadió que es un paso más para la «inquebrantable» aplicación del pacto entre la UE y Turquía.
Este acuerdo conjunto prevé el retorno a Turquía de todos los migrantes que lleguen de forma irregular a las islas griegas, pero desde el inicio de la pandemia las devoluciones están suspendidas.
Según los datos oficiales del Servicio de Asilo heleno los ciudadanos de esos cinco países (Siria, Afganistán, Pakistán, Bangladesh y Somalia) representaban casi la mitad (49,5 %) de las llegadas en Grecia en el primer trimestre de este año y el 60 % de las del 2020.
Con esta medida, el Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis espera retomar las devoluciones a Turquía y acelerar el proceso de demandas de asilo, así como abordar la inmigración ilegal y la actividad delictiva de las redes de contrabando.
El decreto, que se apoya en el artículo 38 de la directiva europea de 2013 sobre la protección internacional, permite al servicio de asilo no examinar a fondo las demandas de personas con las citadas nacionalidades que llegan a Grecia a través de Turquía y su devolución inmediata a ese país.
Hasta la fecha, aunque el acuerdo firmado en 2016 entre la UE y Turquía permitió considerarlo como país seguro para los sirios, muchos solicitantes de asilo presentaron recursos contra su deportación, demandas que acabaron ganando en segunda instancia.
Aunque en 2017 el Tribunal Supremo heleno dictaminó que la vida de los sirios no está en peligro en Turquía y tampoco corren el riesgo de ser sometidos a tortura o a tratamientos humillantes, hasta ahora la legislación helena no lo había recogido por escrito, lo que ahora hace el citado decreto.
