«Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución», artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
Todo gobernante despótico sabe que para conseguir implantar su modelo totalitario, ajeno al control democrático y de las leyes en vigor, ha de liquidar un poder esencial del Estado como la Justicia que “emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
Sánchez ya ha dado sobradas muestras de tener una personalidad narcisista que fantasea con un poder ilimitado y cree merecer un status superior. Él se cree por encima de la ley, y es por eso por lo que proclamó en el debate de investidura que “la ley no lo es todo”. Es por eso que no nos puede extrañar que Sánchez haya decidido cambiar la Ley por la que se elige al órgano de los jueces burlando la Constitución.
Precisemos el marco constitucional que Sánchez se quiere saltar: La Constitución señala en su artículo 122-3 señala que “…El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por veinte miembros… doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales en los términos en los que establezca la Ley Orgánica…cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.
La Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en 1985 cuando Alfonso Guerra proclamó aquello de que Montesquieu había muerto, estableció los requisitos profesionales de los candidatos que habrían de ser elegidos entre los Jueces y Magistrados de todas las categorías y, en coherencia con lo previsto para los elegidos en el Congreso y en el Senado, mantuvo la exigencia de una mayoría de tres quintos de los votos.
España era una anomalía europea en esta materia desde que se aprobó aquella contrarreforma para controlar el máximo órgano de la Justicia del que salen posteriormente elegidos otros órganos judiciales que terminan juzgando a aquellos que los eligen, por lo que han sido continuas las llamadas de atención de las instituciones europeas. En un informe publicado en julio de 2013 el GRECO puso de manifiesto que “las estructuras de gobierno del poder judicial en España no se perciben como imparciales e independientes”, lo cual “tiene un impacto inmediato y negativo en la previsión de la corrupción y en la confianza del público en la equidad y eficacia del sistema jurídico del país”. Pues bien “seis años después, la situación es la misma –se lamenta el organismo europeo dependiente del Consejo de Europa- al haberse incumplido obstinadamente las recomendaciones de que “las autoridades políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del turno judicial”. El informe señala que “la creación de consejos del poder judicial tiene por objeto garantizar mejor la independencia del poder judicial, en apariencia y en la práctica”.
Pero no solo las instancias europeas han llamado la atención al Ejecutivo sobre las consecuencias de la LOPJ aprobada por la mayoría absoluta del PSOE. El Tribunal Constitucional declaró en sentencia 108/1986 que se ajustaba a la Constitución si bien advertía, candidez suma, que si la utilizaban para mercadear en la composición del órgano de gobierno de los jueces sería inconstitucional. La sentencia se refería especialmente a los elegidos por el Congreso y el Senado; imagínense la consideración de inconstitucionalidad que ha de tener una ley que rebaje las mayorías exigidas para perpetrar el atraco.
El órgano que gobierna el poder judicial lleva treinta y cinco años franquiciado por los partidos políticos que colocan en él a los “suyos” que corren con la camiseta de su cuadra, cada cual con su color, unos rojos, otros azules, un puntito de verde, un punto de morado… A veces, incluso cuando están corriendo se ofrecen y les ficha otra cuadra, como Fernando Grande Marlaska que llegó al CGPJ con la camiseta del PP en noviembre de 2013 y cambió de cuadra en junio de 2018 cuando Sánchez le ofreció hacerle Ministro. Todos tienen nombre, apellidos… y sponsor
Por si esa situación no fuera en si suficientemente anómala en términos democráticos y europeos, ha llegado Sánchez, el aspirante a caudillo de la España del Siglo XXI, para retorcer el procedimiento y hacer la contrarreforma de la contrarreforma. Y si hasta ahora y en coherencia con el mandato constitucional todos los vocales necesitaban un refrendo de tres quintos, la coalición antisistema que gobierna España quiere aprobar una ley para que una exigua mayoría absoluta pueda elegir a todos los vocales del CGPJ, lo que constituye un golpe de mano contra uno de los poderes del Estado, contra el espíritu y la letra de la Constitución y expresamente contra el derecho de los ciudadanos de ser juzgados en igualdad de condiciones. Si, Sánchez está perpetrando un atraco a la democracia; y como todo golpe que se da desde dentro – en este caso desde dentro de las instituciones- no requiere violencia física aunque violente la ley y los derechos de todos los españoles.
Hay que denunciar estos gravísimos hechos ante todas las instituciones europeas. Europa y sus instituciones no pueden permanecer al margen mientras el Gobierno de uno de los países miembros persigue a los jueces que no se doblegan ante sus pretensiones autoritarias -la denuncia presentada por García Castellón ante el CGPJ es un hecho sin precedentes, aunque la persecución contra los jueces que ejercen libremente su magisterio que haya sido una constante de la pareja tóxica Sánchez/Iglesias y de sus aliados golpistas y pro etarras- y mientras quiere burlar la Constitución para que no hay un solo tribunal que pueda juzgarles por los graves delitos de los que ya están acusados los miembros del Gobierno .
Los jueces se han convertido en el último escudo de nuestra democracia. Defender su independencia es proteger nuestra Constitución y nuestra ciudadanía. Nos afecta a todos y todos debemos actuar. En legítima defensa.
