Todos sabíamos desde finales de 2019 que, tras las últimas elecciones generales, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pactaron la conformación de un Gobierno de coalición entre rojos y morados que, para obtener en el Congreso de los Diputados la investidura del primero, necesitó del voto favorable de un conglomerado variopinto y poco edificante de partidos y coaliciones. Fue la suma de separatistas, filoetarras, populistas de izquierda, y arrendadores de votos, denominación esta última a la que es acreedor el PNV.
Ahora somos todos conscientes que el Gobierno de coalición formado en 2019 es en realidad un Gobierno de colisión en el que los rojos y los morados colisionan casi por cualquier cosa y en cualquier materia. Es evidente que cuando en un Gobierno participan dos o más partidos, cada uno de los participantes ha de renunciar a su programa máximo para llegar a un punto de encuentro que ilumine la acción de gobierno. Dado lo sucedido en España es obvio que la negociación entre los dos socios no se cerró adecuadamente, pues han sido frecuentes y numerosos los choques públicos entre ambos, desconociéndose aquellos no hayan trascendido.
Con todo, la colisión a consecuencia de la reforma fiscal ha superado todo lo visto hasta ahora. Lleva la ministra de Hacienda prácticamente un año para que sus expertos le suscriban el informe que se les ha dictado desde el Ministerio de Hacienda, y a pocos días de la firma, se destapan los de Podemos con su propia propuesta de reforma fiscal basada, según dicen, en la súper novedosa máxima “que paguen más los que más tienen”. ¡Qué ingenioso! ¡Qué imaginativo! ¡Nunca nadie la había escuchado antes! Verdaderamente, es de todo punto revolucionario porque, como todos sabemos, la tarifa de nuestro IRPF es regresiva, ya saben, se aplica un tipo de gravamen más alto al que obtiene 20.000 euros de ingresos que al que obtiene 200.000. Es así ¿verdad?
Da auténtica vergüenza ajena. Que un partido -Podemos- con una significada representación popular, con grupo parlamentario propio en el Congreso y con presencia en el Gobierno de la nación, carezca de la mínima solvencia técnica. Porque, al presentar públicamente su proyecto, han demostrado carecer absolutamente de conocimientos, de experiencia, de profesionalidad y hasta de sentido común. Basta con señalar que han elegido como frontispicio de su propuesta de reforma fiscal una característica que ya existe en la realidad tributaria española desde 1978. Claro que como ese año se aprobó también la Constitución y ésta no les gusta demasiado…
Pero bueno, que la pelea entre el PSOE y Podemos la disputen ellos. A los españoles, lo que nos a va a hacer daño de verdad, es el documento que la ministra de Hacienda ha entregado a sus expertos para que éstos estampen su firma. Y, de entre todos, vamos a sufrir especialmente aquellos que no votamos a los socialistas en nuestras respectivas elecciones autonómicas, pues a lo que parece, el Gobierno va en serio en su proyecto de prohibir o restringir contundentemente la autonomía financiera de las comunidades autónomas. De ese modo, quiere impedir que los gobiernos regionales del PP puedan moderar en favor de sus residentes la abrasiva fiscalidad general.
